Victor de Regil
La actual administración estatal, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta y su firme lucha contra la corrupción, evidenció la corrupción que permeó en el gobierno de Miguel Barbosa, pues se confirmó con la histórica sanción a su ex titular de Finanzas, María Teresa Castro Corro: 20 años de inhabilitación y 362 millones de pesos de multa por el desvío de recursos públicos en la inversión ilegal de más de 600 millones de pesos en Accendo Banco, institución que quebró y provocó un quebranto a las finanzas del estado.
Y es que el fallo de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla asentado en el expediente 134/2024-PARA-SERA2 la declara plenamente responsable de los delitos de desvío de recursos públicos y abuso de funciones por la inversión ilegal en Accendo.
Además, dejó a salvo las facultades de la Autoridad Investigadora de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla, entre otras dependencias, para que, respecto de los hechos que son materia de la presente resolución y de considerar lo procedente, puedan iniciar acciones adicionales.
Como se ha sabido, el quebranto financiero de más de 600 millones de pesos permaneció oculto y el secreto se lo llevó el ex gobernador Miguel Barbosa, pues tras su deceso en diciembre de 2022 el caso permanecía en total secrecía. Fue hasta abril de 2023, cuando el caso se destapó en una conferencia del entonces mandatario Sergio Salomón Céspedes.
Así, y de acuerdo con la resolución emitida el 30 de septiembre por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla, la ex funcionaria deberá pagar una multa de 362 millones 997 mil 678 pesos con 99 centavos —equivalente al 60 por ciento del daño total— y quedó inhabilitada durante 20 años para ocupar cualquier cargo público.
El Procedimiento de Responsabilidades Administrativas por Faltas Graves 134/2024-PRA-SERA-2, confirmó que Castro Corro es plenamente responsable por la inversión irregular de 604 millones 996 mil pesos en Accendo Banco. La sentencia, firmada por unanimidad por los magistrados Edgar Sánchez Farfán, Martín Fuentes Morales y Raúl Palomares Palomino, impuso las dos sanciones ejemplares.
El Tribunal valoró la gravedad de las faltas cometidas, el grado de participación, la jerarquía del puesto y su antigüedad en el servicio público, para imponer la sanción más severa disponible en el marco legal. “Causó un perjuicio a la administración pública del Estado de Puebla, al comprometer recursos que debieron destinarse a la satisfacción de necesidades colectivas. Su conducta violó el deber de salvaguardar el patrimonio público”, establece el fallo.
En los considerandos de la resolución, el Tribunal señaló que las declaraciones de Castro Corro ante el Congreso del Estado en su comparecencia en mayo de 2023 fueron incongruentes y contradictorias, pues intentó justificar la legalidad del contrato con Accendo Banco argumentando la existencia de lineamientos de gestión financiera que, en realidad, aún se encontraban en fase de proyecto cuando se efectuó la inversión.
“Es materialmente imposible conceder que existieran en marzo de 2021, cuando en 2022 apenas se hallaban en fase de elaboración. Por lo tanto, es concluyente que su expedición se produjo después del 26 de abril de 2021, fecha en que se celebró el contrato múltiple para operaciones de inversión”, señala la resolución.
El fallo advierte que la ex funcionaria pretendió ‘regularizar o justificar lo antijurídico’ de la autorización dada por ella y por el entonces subsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, para invertir 600 millones de pesos en Accendo Banco S.A.
El caso se remonta a 2021, cuando, como titular de Finanzas del barbosismo, Castro Corro y su entonces subsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, autorizaron depósitos por tres mil millones de pesos en fondos de inversión de Banco Accendo. Tan solo entre junio y agosto de ese año, transfirieron dos mil 400 millones del Fondo de Reserva Financiera para Contingencias Jurídico-Contenciosas, con un rendimiento marginal de apenas siete millones 400 mil pesos.
El 7 de septiembre de 2021, Castro Corro realizó otro depósito por 606 millones 127 mil pesos, pero 48 días después, la CNBV revocó la licencia de Accendo por falta de liquidez, lo que provocó la pérdida total del dinero público. El caso del quebranto permaneció en total secreto durante casi dos años.
Tras su salida del gabinete de Sergio Salomón Céspedes Peregrina en junio de 2023 Castro Corro se refugió en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y posteriormente se incorporó a la Secretaría de Finanzas y Administración de la ciudad de México.