El tema del agua ya es un problema preocupante en todo el Estado. Y es que, a su escasez y a los pésimos manejos de la empresa Agua de Puebla, se suma un nuevo problema: el robo de agua, delito que crece y se convierte en un drama social sobre todo en estos tiempos de estiaje, cuando el vital líquido escasea en todos los hogares.
El tema del robo del agua es una realidad, el cual no se puede entender sin la colusión de las autoridades de todos los niveles. Al momento, se sabe que el tráfico se da a través de empresas fantasma de pipas de agua, que explotan pozos sin contar con ningún título de concesión ni asignación correspondiente.
Se trata de ganancias que resultan millonarias y que conocidos cárteles de la delincuencia organizada, ya le entraron al negocio, de tan jugoso que ha resultado.
Lo anterior, lo advierte un estudio del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental A.C., en muchas zonas del país la disponibilidad del agua se ha vuelto muy escasa, y en consecuencia se contrabandea con ella. Los delincuentes la roban de pozos y tuberías públicas, aprovechando la falta de vigilancia por parte de autoridades. El negocio es cada vez más rentable a medida que las sequías y los problemas de infraestructura crecen.
Lo que ha llamado la atención es que en donde el delito crece a la par que las industrias del huachicol y el huachigas, es en el denominado “Triángulo Rojo”, la zona caliente del estado. Lo que se hace es pinchar los ductos utilizando métodos rudimentarios como calentar una pieza de metal y perforar las tuberías. También han creado herramientas especializadas para poder controlar la presión del líquido al momento de perforar los ductos de mayor tamaño.
En tanto, para trasladar el agua robada, han adaptado camionetas y vagonetas con contenedores de plástico y bombas hidráulicas.
Se tiene reportado que de 2019 a septiembre de 2022 se habían detectado 131,603 tomas clandestinas en ductos de agua públicos en 239 municipios de México. El delito es ya muy común en la Ciudad y el Estado de México, pero también ya se observa de forma más frecuente en Puebla.
Gran cantidad del agua que llega a los hogares que no reciben el líquido vía la empresa concesionaria, es producto de una sucesión de ilícitos.
Puebla no tarda en vivir lo que ya se vive, por ejemplo, en el municipio de Ecatepec, EDOMEX. Ahí, se han robado más de un millón de litros de agua, negocio que genera hasta mil millones de pesos, mientras suman alrededor de 600,000 personas sin agua.
La situación es tan delicada que, hace poco, el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad tipificar y sancionar con penas de dos a seis años prisión a la persona que, sin autorización, concesión, licencia o permiso expedido por una autoridad competente, sustraiga y se apropie del agua potable de la infraestructura hidráulica, o restrinja su flujo destinado al suministro de las y los usuarios, así como hasta ocho años de cárcel en contra de quien la explote o comercialice.
Además, se equiparará con este delito la comercialización, explotación, almacenamiento, transportación o suministro del agua potable sustraída o apropiada, casos que se sancionarán con penas de uno a ocho años de prisión cuando las cantidades extraídas vayan de 400 litros a más de cinco mil, mientras que a la persona propietaria, arrendataria o poseedora de algún predio donde exista una toma clandestina se le aplicarán de dos a cuatro años de prisión.
El huachicoleo de agua ya es una realidad; es un delito, además, que ha ayudado a los grandes grupos de la delincuencia organizada a diversificar sus actividades para seguir obteniendo las mismas ganancias millonarias de siempre.
Pero en Puebla, autoridades y legisladores prefieren voltear hacia otro lado.