Victor de regil
El reciente informe presentado por el Índice Global de Impunidad (IGI) México 2022 de la Universidad de las Américas (UDLA) Puebla revela que 18 de los 32 estados presentan índices de “altos” a “muy altos” de impunidad, ,lo que impacta directamente a la hora de impartir justicia en el país.
Y es que, de acuerdo con el tercer reporte en la materia, en una escala de cero a 100 puntos el Estado de México destaca como el de mayor índice de impunidad con 74.55; el segundo lugar corresponde a Baja California (69.84) y el tercero a Veracruz (65.56), siendo estos los Estados que enfrentan más graves problemas.
“México necesita reducir sus altos niveles de impunidad y esto requiere de construir mejores capacidades institucionales.
“A lo largo de nuestros diferentes reportes hemos destacado que tanto el gobierno federal como las autoridades estatales deben invertir en mejorar las capacidades y funcionamiento de sus instituciones, en especial en la procuración e impartición de justicia”, refiere el informe recientemente presentado.
La medición destaca que existe un déficit promedio aproximado de 42% de policías estatales profesionales para atender las actividades de seguridad pública. “Lo anterior quiere decir que México tiene poco más de la mitad de los policías preventivos estatales que debería tener, según lo que establece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en lo que denomina el estándar nacional mínimo, que debería ser de 1.8 policías evaluados por cada 1,000 habitantes.
“Sin embargo, los datos más recientes indican que México tiene apenas 0.9 policías por cada 1,000 habitantes, considerando la depuración de elementos con resultado no aprobatorio en control de confianza”.
Detalla también que según las cifras del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021, salvo la Ciudad de México que cuenta con 3.5 policías por cada 1,000 habitantes, los 31 estados de la República se encuentran por debajo del estándar nacional de policías estatales evaluados, lo que representa un grave problema.
“El estado real de fuerza operativo es de 130,500 policías estatales. México necesita un estado de fuerza real operativo de policías estatales de, al menos, 245,944 elementos”, cita el documento señalado.
Como parte de la medición estructural de la seguridad, tomando en consideración al personal operativo destinado a funciones de seguridad pública por cada 100,000 habitantes, agrega el informe, a nivel nacional la cifra descendió de manera preocupante al pasar de 150.68 a 83.35 policías.
De ahí que los 10 estados que presentan un menor número de elementos destinados a funciones de seguridad pública son, en estricto orden, Veracruz (39.07 elementos), Estado de México (40.26), Yucatán (47.87), nuestro Estado, Puebla (48.53), Jalisco (52.68), Michoacán (59.93), Nuevo León (61.20), Querétaro (61.77), Durango (63.90) y Sinaloa (65.08), lo que nos muestra la dimensión del problema.
Lo anterior, nos indica que Puebla se encuentra en la media con relación a los demás Estados del país.
Tras la presentación formal en el Senado del último IGI-Mex por Juan Antonio Le Clercq Ortega, coordinador general del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (Cesij) de la UDLA Puebla, Azucena Chaìidez Montenegro explicó que la impunidad es una cadena multicausal y multidimensional, y no se puede entender únicamente como un delito que se queda solamente sin castigo.
“Cada hueco en el camino de la seguridad y justicia promueve que los delitos sigan ahí sin castigo”, expresó la socia directora del referido centro.
“Si hoy sabemos que hay dos Ministerios Públicos (MP) por cada 100,000 habitantes, es un problema enorme. Por cada 1,000 delitos cometidos, hay 8 MP para resolverlos. Es insuficiente por donde lo veamos.
“No hay forma de que un MP resuelva alrededor de 125 delitos porque es un montón de trabajo; no es viable”, resumió.