Victor de Regil
Caminar por las calles de Puebla o abordar una unidad del transporte público se ha convertido, para miles de ciudadanos, en un acto de fe. Quienes habitamos o transitamos por este estado conocemos de cerca el peso de la incertidumbre: esa mirada de reojo al caminar hacia el paradero, el instinto de resguardar el teléfono celular en el bolsillo más profundo y el sobresalto inevitable ante cualquier motocicleta que frena de golpe a nuestro lado. No se trata de una simple paranoia colectiva; se trata de una realidad tangible, un síntoma cotidiano que hoy encuentra un respaldo frío, pero certero, en las estadísticas oficiales.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) ha puesto sobre la mesa una radiografía que no podemos ignorar. En Puebla, la tríada delictiva que asfixia a la población está perfectamente identificada: el robo o asalto en la vía pública y transporte, la extorsión y el fraude. Juntos, estos tres delitos concentran la inmensa mayoría de las transgresiones que se cometen a diario. Mientras que a nivel nacional el fraude ha tomado la delantera en la mayor parte del territorio, en Puebla la violencia y el despojo en las calles se resisten a ceder el terreno, recordándonos que el espacio público sigue siendo una asignatura pendiente para las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
El robo en la calle y en el transporte colectivo encabeza las mediciones en la entidad. Este delito es, quizás, el que mayor impacto psicológico causa en la población, pues vulnera de forma directa la libertad de tránsito y destruye la tranquilidad de quienes salen a trabajar, a estudiar o simplemente a buscar el sustento diario. El transporte público, que debería ser un motor de movilidad y desarrollo urbano, se percibe con frecuencia como una trampa donde el ciudadano queda a merced de la delincuencia. Perder el dinero de la quincena o la herramienta de trabajo en un trayecto de veinte minutos no es solo una pérdida material; es un golpe directo a la dignidad y a la estabilidad económica de las familias más vulnerables.
Por otro lado, la extorsión y el fraude representan la otra cara de la moneda delictiva: aquella que opera desde el anonimato, la manipulación y la amenaza. La extorsión telefónica o el cobro de piso han minado la tranquilidad de comerciantes y pequeños empresarios que ven su esfuerzo patrimonial condicionado por el miedo. A su vez, el fraude, cada vez más sofisticado mediante herramientas digitales, se aprovecha de la buena fe y de la necesidad de la gente. Estos delitos demuestran que la delincuencia en Puebla no solo es física y territorial, sino que ha sabido adaptarse a los canales tecnológicos, diversificando sus métodos de operación ante una estrategia de prevención que suele reaccionar tarde.
Puebla se mantiene firmemente arraigada como la tercera entidad con mayor prevalencia de víctimas en todo el país. Ocupar un lugar en el podio nacional de la victimización anula cualquier intento de discurso triunfalista. No podemos normalizar que más de un cuarto de la población del estado sufra los estragos de la delincuencia año con año.
Sin embargo, el verdadero talón de Aquiles del sistema de justicia y seguridad en Puebla no se encuentra en el total de los delitos cometidos, sino en la abismal fractura de la confianza ciudadana. Que solo el 8.6% de los delitos cometidos sean denunciados ante las autoridades es una cifra alarmante. Esto significa que más del 91% de los ilícitos permanecen en la llamada «cifra negra». Este enorme agujero negro de la justicia no es producto de la apatía social; es el resultado directo de un sistema burocrático que revictimiza, de ministerios públicos lentos y de la percepción generalizada de que denunciar es una pérdida de tiempo que rara vez conduce a la captura de los culpables.
La bajísima tasa de denuncia es un claro indicador de que la ciudadanía ha decidido resolver el conflicto de la inseguridad por la vía del aislamiento o de la resignación, lo cual fractura el tejido social. Cuando la población asume que la autoridad no tiene la capacidad o la voluntad de investigar un asalto o una extorsión, la impunidad se convierte en la norma y el delincuente gana terreno con la certeza de que no habrá consecuencias. Para romper este círculo vicioso, no basta con desplegar más patrullas o instalar cámaras de vigilancia que solo atestiguan el delito sin prevenirlo; se requiere una reingeniería profunda en los procesos de procuración de justicia.