EDITORIAL
¿Juzgar a los ex presidentes?
Aprobada a nivel constitucional en agosto de 2012 y reglamentada el año siguiente, la consulta popular a nivel federal aún está en espera de ser estrenada.
En las elecciones de 2015 y 2018 fueron las primeras oportunidades para hacer uso de este derecho, que requiere de la convocatoria del Presidente de la República o la tercera parte de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o 2% de la lista nominal de votantes (aproximadamente 1.82 millones de ciudadanos), y luego ser aprobada por la mayoría de las dos Cámaras y avalada en cuanto a su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En 2015, cuatro peticiones de consulta —sobre la Reforma Energética, la reducción de legisladores plurinominales y la elevación del salario mínimo— se quedaron en esa última etapa de la convocatoria. En 2018, el Senado dejó sin discutir una consulta aprobada por la Cámara de Diputados sobre mando único policial y ahí quedó la solicitud.
En recientes días, el presidente López Obrador hizo un llamado a que en 2021 se haga un nuevo intento de ejercer ese derecho consagrado en la Constitución, a fin de que la ciudadanía decida si “al mismo tiempo que la Fiscalía y el Poder Judicial van resolviendo sobre la responsabilidad de los expresidentes (a partir de las denuncias que ha presentado Lozoya), se puede hacer una consulta ciudadana para que la gente sea la que decida” si se procesa penalmente a Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“Estoy informando a tiempo”, subrayó López Obrador, al decir que la ley reglamentaria de la consulta popular da como fecha límite el 15 de septiembre para iniciar el procedimiento.
“Lo mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos, si nos alcanza el tiempo; la segunda posibilidad es que lo hagan legisladores, y la tercera es que lo solicite el Presidente. Yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo porque es democracia, aunque yo vote en contra de que se juzgue a los expresidentes”.
Lo cierto es que, en caso de que dicha solicitud llegue a la Suprema Corte, allí sería rechazada porque la Constitución prevé que no pueda ser objeto de consulta popular “la restricción de los derechos humanos”, pues la pregunta pondría en entredicho la presunción de inocencia, con lo que se caería en dicho supuesto.
López Obrador había lanzado esta propuesta desde el periodo de transición. El 23 de noviembre de 2018 dijo que el 21 de marzo de 2019 se llevaría a cabo una consulta para preguntar sobre el tema. Eso quedó pendiente, pero en semanas recientes comenzó a insistir nuevamente en ella, aclarando siempre que él no está a favor de llevar a juicio a sus predecesores.
La idea de consultar a los ciudadanos sobre este asunto siempre me ha parecido riesgosa, pues el procesamiento de un presunto culpable no debiera depender de una consulta y porque, con la reforma que dio autonomía a la Fiscalía General de la República, el Ejecutivo no decide si se ejerce o no la acción penal.
Sin embargo, el anuncio que hizo el Presidente muestra su colmillo para dirigir la discusión pública. De aquí al 15 de septiembre dejará viva la expectativa de que él presente la solicitud. Si la lleva al límite del plazo, la presentaría en el marco de las Fiestas Patrias, cuando la opinión pública esté más sensible e inflada de nacionalismo, momento propicio para denunciar la injerencia extranjera.
Aun si la petición de consulta topara con pared en la Suprema Corte, el Presidente podría denunciar esto como un rechazo de la “mafia del poder” de acabar con la corrupción y, entonces, convocar a una consulta a modo, en sus términos, como la que se hizo sobre el aeropuerto de Texcoco. El aval de los participantes para juzgar a los expresidentes lo libraría de los compromisos que dicen que tiene con Peña Nieto. Y, como Pilatos, podría lavarse las manos y decir que él es inocente de lo que “la gente” acaba de decidir.