Víctor de Regil
Las cifras no mienten, entre enero y mayo de este 2026, la realidad migratoria de Puebla nos ha propinado un golpe de frente: las deportaciones de poblanos desde Estados Unidos se dispararon un 24.3%, alcanzando a 4,667 compatriotas devueltos. Estamos hablando de un promedio de 31 historias rotas al día, 31 familias que ven regresar a los suyos con las manos vacías y el corazón fracturado.
Por un lado, la numeralia oficial desmenuza el fenómeno con fría precisión: 4,162 hombres y 505 mujeres repatriados en solo cinco meses. Por el otro, el discurso institucional intenta mitigar el impacto anunciando con bombos y platillos una nueva ruta aérea directa entre Puebla y Nueva York, junto con la apertura de oficinas de representación en Houston, Nevada y Madrid.
Aquí radica la gran paradoja de nuestra política migratoria. Celebramos la conectividad y el despliegue de despachos jurídicos en el extranjero como triunfos de vanguardia, cuando en realidad son monumentos a nuestra propia incapacidad de retener el talento, la fuerza y la vida de nuestra gente. Facilitar el viaje o mitigar la caída del deportado no soluciona la hemorragia social. Mientras el campo poblano y las periferias urbanas sigan expulsando a casi un millar de personas al mes hacia el norte, los vuelos directos a Nueva York no serán puentes de progreso, sino rutas de escape de un estado que sigue quedando en deuda con sus hijos.
La verdadera urgencia radica en cuestionar por qué, en pleno 2026, el estado de Puebla sigue siendo una de las principales canteras de mano de obra barata para el vecino del norte, obligando a su población a arriesgarlo todo en una travesía donde el éxito es una moneda al aire.
El verdadero indicador de éxito no debería ser cuántas oficinas de apoyo se abren en Texas o Nevada, sino cuántas oportunidades de empleo digno se generan en la Mixteca poblana, en la Sierra Norte o en los cinturones de miseria de la capital del estado para que la migración deje de ser la única opción de supervivencia.
El problema central es que el modelo económico poblano sigue siendo un sistema expulsor por naturaleza. Mientras el campo poblano languidezca por la falta de subsidios, la sequía y la baja rentabilidad, y mientras las periferias urbanas sigan ofreciendo salarios que no cubren la canasta básica, el éxodo no se detendrá.
Los vuelos comerciales directos a la Costa Este de los Estados Unidos corren el riesgo de convertirse no en puentes de intercambio cultural y comercial, sino en rutas de escape rápido para un sector de la población que ya no encuentra razones para quedarse. La infraestructura aérea y la asistencia consular son útiles, sin duda, pero actúan como meros analgésicos para una enfermedad crónica que requiere cirugía mayor
Puebla mantiene una deuda histórica con su comunidad migrante, una comunidad que año con año sostiene la economía local mediante el envío de remesas, inyectando oxígeno puro a municipios que de otro modo estarían completamente abandonados. Es una ironía trágica que el estado dependa tanto del dinero de quienes se fueron, pero sea incapaz de ofrecerles un entorno seguro y próspero cuando la política migratoria estadounidense los devuelve a la fuerza. Este 2026 nos exige dejar de romantizar la figura del «paisano heroico» y empezar a asumir la responsabilidad política de un territorio que sigue fallándole a sus hijos en su derecho humano más elemental: el derecho a no tener que migrar.