Vìctor de Regil
Varios hechos preocupantes de violencia ocurridos en los últimos días en Puebla, deberían ser suficientes para encender todas las alertas en el equipo del próximo gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier.
Uno de ellos se suscitó en la zona de la Mixteca, específicamente en San Juan Amecac, comunidad de Atzitzihuacan, donde la población linchó a tres personas que supuestamente habían intentado secuestrar a una niña de 5 años.
Según los vecinos de la comunidad, los presuntos delincuentes iban a bordo de un auto azul cuando fueron señalados por Alberto Casales, policía auxiliar, de amagar con raptar a la menor de edad. Con esta información, alrededor de 300 vecinos, incluso algunos con armas, detuvieron y quemaron a dos de los sujetos hasta privarlos de la vida, y el tercero fue colgado, en el paraje conocido como El Tehuinto.
Autoridades de distintos órdenes activaron el protocolo que se usa para evitar estos ajusticiamientos, que ya suman 11 en 2024; sin embargo, fueron amenazados por la turba y corridos del lugar. Horas después llegaron al pueblo elementos del Ejército, pero ya era demasiado tarde: el linchamiento había sido consumado.
Otro sitio en donde se desbordó la violencia, fue en el municipio de Palmarito Tochapan, zona conocida como el “Triángulo Rojo”, es decir, la zona más caliente del huachicol y otros graves delitos en la entidad. Ahí, los habitantes retuvieron a dos elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) e incendiaron el vehículo particular en el que viajaban vestidos de civiles. Se dice que fueron confundidos con delincuentes y que al parecer estaban en el lugar realizando alguna investigación; sin embargo, es de todos conocido que muchos pobladores de esa región son parte de la industria del robo de combustible y que funcionan como “halcones” (vigilantes e informantes) de los grandes capos del negocio, que deja ganancias millonarias, con la complicidad de PEMEX.
También, en pasados días, se dio la ejecución en el estacionamiento de un salón social de Fuentes de San Bartolo, en la ciudad de Puebla, de Jesús Martínez, alias “El Marranero”, operador de “Los Rojos” en Iguala, Guerrero, y presuntamente relacionado con los Beltrán Leyva. Fueron tres los sicarios que se dirigieron directamente hacia uno de los “invitados especiales”, lo alcanzaron y le dispararon hasta matarlo y rematarlo. Huyeron corriendo sin ser molestados. Circularon en redes sociales videos y fotografías del momento exacto del homicidio.
Otro hecho de los últimos días que llamó la atención, fue el atraco que cinco personas armadas perpetraron con toda tranquilidad en la sucursal de Starbucks de la 25 oriente en la ciudad de Puebla, donde despojaron de sus pertenencias a clientes y empleados; se llevaron teléfonos celulares, computadoras personales y las llaves de un vehículo. El robo no sólo vino a reconfirmar que en esta capital la estrategia de seguridad sigue sin funcionar y a elevar el nivel de preocupación de los ciudadanos; también exhibió dramáticamente la falta de seriedad con que el nuevo gobierno municipal está tomando el reto.
En un mismo post de X sencillamente incomprensible, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) habló de un “presunto asalto” y líneas adelante lo dio por hecho: “Fueron 2 sujetos armados quienes despojaron a los clientes de sus pertenencias”, señaló.
Han sido varios hechos los que se han desarrollado en los últimos días sin que, al momento, se note una diferencia entre lo que se venía haciendo en el anterior gobierno y lo que dice estar haciendo el nuevo, por más que se siga presumiendo hasta el cansancio una “disminución” en seis delitos de alto impacto.
Vistos en conjunto, los hechos descritos ratifican que el mayor desafío del nuevo gobierno es y será el de la seguridad y la gobernabilidad. En materia de delincuencia todos los saben, Puebla se pudrió desde el morenovallismo, cuando a la descontrolada delincuencia común, se sumaron otra clase de ilícitos, pues fue cuando nació, creció y muchas veces se alimentó desde el gobierno mismo, la boyante industria del huachicol, que incluso sirvió para financiar campañas y elevar la estatura de ciertos políticos.