Victor de Regil
Los mas de 110 anuncios de propaganda política que tres aspirantes a la gubernatura de Puebla han colocado en la capital y la zona conurbada violan la ley vigente en la materia y lo hacen desde el pasado 17 de febrero, cuando aparecieron como plaga por todas partes. El área encargada de atender esto, en la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) no ha hecho nada y les ha dado a ganar a esos adelantados, semanas de impunidad y promoción.
Ante esto, que nadie se equivoque. No se trata de preferencias y apoyos. O de libertad política y “piso parejo”. Se trata del cumplimiento de la ley. Que es general.
El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina se refirió en días recientes al tema en su conferencia de prensa.
Dijo que se aplicará la ley y que se está licitando el servicio para desmontar los anuncios irregulares.
En las próximas semanas se realizará.
De acuerdo con la información que el mismo gobernador ha proporcionado, son 48 estructuras, lo que conocemos como espectaculares. También 62 anuncios, dos colocados en días recientes.
Sin embargo, han pasado ya muchos días y la SMADSOT ni siquiera ha hecho un pronunciamiento técnico suficiente y serio. Veamos por qué esto no es tema de gustos, ni de filias ni de fobias políticas.
El 22 de julio de 2020, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa del entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta, para prohibir estos anuncios, que se disfrazan de publicidad de revistas y libros.
De este modo se reformó y se adicionó el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado (Coipep).
El texto vigente en el Artículo 232 establece:
“No se podrá contener portadas de revistas, libros, anuncios de entrevistas o de diarios, o cualquier otro elemento que contenga la imagen, nombre, símbolos, siglas o elementos que induzcan a la persona a saber que se trata de determinado candidato o candidata a un cargo de elección popular”.
Tres personajes han pasado por alto esta norma: el diputado federal Ignacio Mier Velazco, quien más anuncios colocó; el titular de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez, y el senador Alejandro Armenta.
Los tres en distintas intensidades. Pero los tres pasando por alto la reforma barbosista de julio de 2020.
Por supuesto lo niegan y se lavan las manos, endilgando la responsabilidad a supuestas revistas, semanarios o editoriales. No hay ninguna verosimilitud en sus respectivos deslindes.
Esos anuncios no solamente violan la ley y nadie hace nada, sino que también siembran sospechas de financiamiento oscuro.
Y muy, pero muy importante: esos aspirantes se exponen a perder la posibilidad de sus candidaturas, porque los tribunales electorales podría inhabilitarlos, cuando pretendan inscribirse a la contienda interna de Morena, porque los tres son de ese partido.
Parece que hay permisividad silenciosa para los aspirantes a la gubernatura y también lo ha habido con las corcholatas presidenciables. Pero parece no importarles.
En días recientes, también fue publicado ya el Plan B de la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación. El paquete de reformas pretende el desmantelamiento del INE (Instituto Nacional Electoral).
Da la sensación de que eso también se está aprovechando en el caso de los espectaculares en Puebla.
Quedan muchas dudas.
No hay ninguna respuesta satisfactoria.