Política en Movimiento
Angélica Beltrán
Noticias de México. La iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por la presidenta Sheinbaum al Senado este miércoles, busca recomponer cimientos constitucionales en clara defensa de la soberanía nacional, eliminados durante gobiernos neoliberales.
La iniciativa busca prohibir la propaganda extranjera en materia política, comercial o ideológica, con excepción de la promoción turística o cultural, en medios nacionales concesionarios; como ya lo establecía una ley eliminada en el sexenio peñista en 2014.
Y así como esa ley soberanista fue eliminada; a lo largo de 30 años de gobiernos neoliberales (1988-2018) se eliminaron leyes dentro del paquete de “reformas de gran calado”, con el propósito de debilitar los pilares constitucionales de la seguridad y defensa de la soberanía nacional. De ahí que haya quedado bien acuñado el término de “vendepatrias” a quienes sirvieron a esos gobiernos.
En ese marco, y sólo por recordar, se impulsó la privatización de las playas en el gobierno de Peña Nieto; pese a que la Constitución contempla (ba) las playas y litorales como parte de la franja de seguridad nacional; cuya venta estaba prohibida a particulares, sobre todo a extranjeros, en previsión de invasiones. Afortunadamente, la ley fue restituida a la constitución en el sexenio pasado del presidente López Obrador, con lo cual las playas volvieron a ser públicas.
Por cierto, el legislador que impulsó la privatización de las playas, porque según su “justificación jurídica” en pleno siglo XXI ya no había peligro de invasión extranjera, fue el propio Beltrones, entonces coordinador de la bancada priista; a través de legisladores “ingenuos”, por decir lo menos.
De tal modo, que hoy la ley vigente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión no contempla sanción ni prohibición alguna para la difusión de propaganda extranjera en materia política e ideológica; por eso la presidenta Sheinbaum no cuenta con elementos legales para sancionar a medios concesionarios que difundieron en los últimos días spots del gobierno de Estados Unidos en contra de los migrantes indocumentados, considerándolos narcotraficantes y delincuentes en general.
Y aunque pudiéramos considerar obvio que los concesionarios deben estar en primera instancia en defensa de los connacionales, por sobre gobiernos que propagan discursos racistas, incriminatorios y de odio contra la población migrante; y por ética no deberían aceptar campañas extranjeras en contra de nuestro propio país, la mentalidad de la información como mercancía ha dado oportunidad a campañas en ese sentido.
Esto, sin el menor atisbo para considerar que las políticas imperialistas en contra de América Latina han propiciado la migración de la población más afectada.
En fin, la iniciativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de la presidenta Sheinbaum que propone reglamentar la difusión de contenidos en medios de comunicación concesionarios, ya se encuentra en proceso legislativo, tras ser recibida en el Senado como cámara de origen; y se prevé su aprobación el próximo lunes, según el presidente de Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.
En paralelo, la presidenta Sheinbaum ha creado la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la cual establecerá el esquema de sanciones millonarias para quienes incumplan con las disposiciones legales y regulatorias en este sentido, cuya pena máxima será el retiro de la concesión.
Y como la reforma a la Ley Telecom no requiere mayoría absoluta, sino simple, para su aprobación, es un hecho que será aprobada la próxima semana en que finalizará el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión; con tiempo para su envío a la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso legislativo, cuya bancada mayoritaria coordina Ricardo Monreal, brazo fuerte y aliado legislativo de la presidenta Claudia Sheinbaum. En hora buena por esas reformas soberanistas.