Víctor de Regil
Afortunadamente, se anunció que viene un paquete de reformas legales para eliminar el “modelo neoliberal” que trataba al líquido como “mercancía” para reconocerlo como un derecho humano y bien nacional.
En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso, iniciativas de ley para recuperar el agua para el pueblo, priorizar el consumo humano y la agricultura sustentable, sobre intereses comerciales.
Se sabe que en el país hay más de 50 mil concesiones irregulares desvían agua de usos agrícolas a fines comerciales como desarrollos inmobiliarios, campos de golf y balnearios, en afectación directa a la disponibilidad de consumo humano y productos del campo.
Las leyes que vienen prevén que el Estado rija las concesiones de agua y elimina la posibilidad de compraventa de concesiones de agua entre particulares.
Además, las modificaciones a las leyes disponen sanciones más severas contra quienes cometan delitos relacionados con el agua e incluso la figura de extinción de dominio.
Las iniciativas de reforma que se enviarán al Congreso son: Reforma a la Ley de Aguas Nacionales; la creación de una Ley General de Aguas; un Registro Nacional de Agua y una Ventanilla Única de Trámites para transparentar y agilizar procesos; y, un decreto de facilidades y un Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.
La presidenta Sheinbaum con el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentó los avances del Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua. Informó que Conagua revisó exhaustivamente los títulos de concesión para combatir el acaparamiento ilegal, el robo de agua (huachicol hídrico) y la desigualdad en el acceso al recurso
Analizó 482 mil 140 títulos de concesión (de un total de 536 mil), con un avance del 90%.
Detectó 58 mil 938 inconsistencias. Entre las más comunes están: 1.- Presunta falsificación de documentos. 2.- Uso distinto al autorizado (por ejemplo, concesiones para agricultura usadas en industria). 3.- Ausencia de fecha de vigencia. 4.-Coordenadas geográficas erróneas o pozos «fantasma» que no producen agua, pero se usan para lucrar vendiendo derechos inexistentes.
El funcionario informó que ya se han “desprivatizado” más de 4 mil millones de metros cúbicos de agua, reasignándolos a usos prioritarios como consumo humano y agricultura sustentable.
¿Cómo ha reaccionado el sector privado o qué han dicho las organizaciones empresariales en torno a este tema? Poco. En términos generales ha respondido que la mayoría de las concesiones fueron otorgadas legalmente bajo la Ley de Aguas Nacionales de 1992. Que las irregularidades detectadas por el gobierno son casos aislados o heredados de administraciones previas.
Concamin ha dicho que los industriales consumen el 9% del agua nacional, operan con títulos vigentes y pagan derechos por el uso, contribuyendo a la recaudación fiscal (alrededor de 10 mil millones de pesos anuales en 2024).
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha advertido que el proceso de «desprivatización» podría desincentivar la inversión privada, que representa el 15% del PIB hídrico, al no diferenciar entre acaparadores y usuarios legítimos.
En el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad (firmado en noviembre de 2024), distritos de riego y empresas industriales se comprometieron a devolver más de 2,500 millones de metros cúbicos de agua no utilizados, lo que Conagua califica como «desprivatización voluntaria».
La respuesta del sector privado, ha cursado desde la cooperación a las tibias advertencias de los efectos nocivos de los cambios que vienen.
Es muy probable que, como acusa el gobierno, en el sector privado se incurrió en abuso y uso irregular de las concesiones de agua, la pregunta es si, volver al esquema estatista y la amenaza de extinción de dominio, son la mejor solución.