¿Qué harán con Agua de Puebla?

 

Siempre, en época electoral, el tema de “Agua de Puebla”, es utilizado como botín político por parte de los distintos candidatos a elección popular para tratar de ganarse las simpatías por parte de la ciudadanía ante uno de los problemas más graves que sufre Puebla capital así como su zona metropolitana.

El mejor ejemplo es el protagonizado recientemente por Fernando Morales Martínez, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Puebla, el mismo que el otro día, exaltado como acostumbra, aseguró que de ganar la elección del 2 de junio, Agua de Puebla para Todos “se irá a la chingada” (sic).

Este singular personaje, como otros tantos que toman el tema del agua como bandera cada nueva campaña y a la empresa concesionaria como piñata electoral, o no leen o leen pero no entienden o leen y entienden pero no tienen la honestidad ni la capacidad de reconocer que su intención es un completo y total despropósito.

Y es que la remunicipalización del servicio público de agua, drenaje y saneamiento, pondría en riesgo el suministro de agua en Puebla y municipios conurbados, además de que traería graves repercusiones financieras tanto para el gobierno del estado como para el ayuntamiento capitalino, así como más deuda pública.

Y es que, si se llegara, en el peor de los escenarios, a cancelar o revocar la concesión a la empresa Agua de Puebla para Todos, de inicio automáticamente el gobierno municipal tendría que asumir la responsabilidad del millonario crédito que Banobras otorgó al SOAPAP.

A la fecha, el ayuntamiento no cuenta con un acuerdo con el Ejecutivo del estado en ese sentido ni contará con él a mediano plazo.

Fernando Morales ni siquiera tienen un dictamen o plan de cómo afrontar la responsabilidad en la prestación de los servicios públicos en la zona de cobertura del SOAPAP. Tampoco una estimación o dictamen del impacto que en las finanzas públicas municipales puede tener la iniciativa que están planteando.

Y menos una valoración de la responsabilidad contingente, directa o indirecta que asumirá el municipio de Puebla respecto al pago de los créditos que el SOAPAP tiene contratados con Banobras.

Que el Ayuntamiento de Puebla asuma el control administrativo del SOAPAP, puede ser considerado incluso como un incumplimiento que traería aparejada:

Asumir la responsabilidad por el crédito que Banobras otorgó al SOAPAP, con la solidaridad del gobierno del estado, ya que BANOBRAS podría hacer efectiva la exigibilidad anticipada al término contractual.

No se consideran las afectaciones ni la “repartición” de la infraestructura ejecutada con endeudamiento derivado de convenios de coordinación y concertación entre municipios beneficiarios, es decir, qué infraestructura se repartiría entre cuáles municipios y quién garantizará su suministro.

Tampoco los daños a los servicios públicos, y a ciudadanos del municipio de Puebla y de los otros municipios beneficiarios, a los que se les privaría de los servicios hídricos, conculcándoles su derecho humano al agua y saneamiento.

Y mucho menos el efecto negativo a la calificación crediticia del propio SOAPAP, lo que se traduciría en limitar el acceso a programas y financiamientos.

Nadie sabe con qué presupuesto contaría el ayuntamiento para mantener los costos operativos de un sistema que atiende a más de 1.7 millones de habitantes.

Peor: ante la necesidad de mayores inversiones para garantizar más agua en la zona metropolitana y atender el problema de contaminación de las aguas residuales, el municipio debería tener un presupuesto a corto plazo de por lo menos 2,000 millones de pesos.

Una acción como la que proponen no sólo tendría importantes afectaciones económicas y financieras para el municipio de Puebla, también se deberá tener el dictamen de estimación de impacto presupuestario de la iniciativa planteada en términos del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

Se debe considerar en el Presupuesto de Egresos del municipio las ministraciones para la implementación del manejo del SOAPAP si es que el gobierno del estado retirara su apoyo por tan irresponsable medida.