Victor de Regil
Históricamente, las cárceles poblanas han sido un verdadero desastre. Temas como corrupción, tráfico de armas, prostitución, hacinamiento y un sinfín de problemas han hecho que de lugar de ser centros de rehabilitación, sean unas verdaderas universidades del crimen.
Y es que, según datos oficiales, las cárceles de Puebla son los sextos peor evaluados en materia de derechos humanos a nivel nacional. El hacinamiento, la ingobernabilidad, la insalubridad y deficiencia en la atención hacia diversos grupos poblacionales son algunas de las fallas que llevan al Estado obtener una calificación de 5.83, de una escala de cero a 10, de acuerdo con el informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De igual forma, en temas como el no garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, por séptimo año consecutivo, Puebla reprobó el diagnóstico en la materia que realiza el organismo liderado por María del Rosario Piedra Ibarra este año. La evaluación contempla los 14 centros penitenciarios que hay en territorio estatal.
El órgano señala que el diagnóstico es un parteaguas para que las administraciones recién entrantes pongan puntual atención en las carencias y diseñen un plan para mejorar la calidad de vida en reclusión, facilitando la reinserción social. Asimismo, puntualiza que la prioridad no solo debe ir relacionada con las condiciones estructurales, también la atención a las personas internas que pertenecen a grupos en mayor situación de vulnerabilidad, como mujeres, indígenas, diversidad sexual, discapacidad y adultos mayores.
Según se indica en los resultados, el penal de Libres tiene la calificación más baja, con 3.81 puntos, seguido por el de Huejotzingo, con 4.52; Zacatlán, con 5.13 puntos, Acatlán de Osorio, con 5.20 puntos. Asimismo, con una calificación también reprobatoria se encuentran Tehuacán, con 6.00; Tepeaca, con 6.02; San Pedro Cholula; con 6.11; Chignahuapan, con 6.11; así como el penal de San Miguel, de Puebla, con 6.16 puntos.
Además de Tecali de Herrera, con 6.23; Huauchinango, con 6.24 puntos, Tecamachalco, con 6.51; Xicotepec, con 6.27. El centro penitenciario para adultos mayores tiene la calificación más alta, la cual fue de 7.30 puntos.
A pesar de que la CNDH considera en su análisis a los centros penitenciarios de Chignahuapan y Zacatlán, estos dejaron de funcionar a principios de octubre, de acuerdo con una publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE). Las personas privadas de su libertad fueron trasladadas a otras cárceles de la entidad.
Las observaciones del diagnóstico son en cinco rubros; garantizar la integridad de las personas, estancia digna, reinserción social de las personas privadas de la libertad, gobernabilidad y atención a grupo de personas con necesidades específicas.
Respecto al apartado para garantizar la integridad de las personas, el informe destaca que existe insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, así como en los servicios de salud, además de pocas condiciones de higiene en espacios como cocina y comedores.
Puntualmente en el centro penitenciario de Tecamachalco, que tiene una calificación de 6.51, se subraya en la insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria y pocas vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
En el apartado para garantizar una estación digna, los centros penitenciarios en la entidad poblana destacan por tener carencias en los planes de alimentación, así como la inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento de los centros penitenciarios, sin dar más detalles. También nulas condiciones materiales e higiénicas de instalación para alojar a las personas privadas de la libertad.
Los visitadores puntualizan que en el centro penitenciario de Tepeaca no hay condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior, así como de la cocina, talleres y áreas deportivas.
Respecto a las acciones para garantizar una reinserción social, se hace hincapié en que no existen actividades educativas y deportivas, tampoco laborales y de capacitación para las personas privadas de su libertad, mucho menos una separación entre personas, procesadas y sentenciadas.
En algunos centros penitenciarios, como el de Puebla capital, se subraya que persisten limitantes en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias. En el centro penitenciario de Tepeaca se registra actividad ilícita, sin detallar la índole.
Mientras que en el rubro de grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas, los visitadores exponen insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.