Victor de Regil
Recordemos que, a días de entregar el poder, Mario Marín autorizó un aumento a la tarifa del pasaje del transporte público. Fue un obvio acuerdo con su sucesor, Rafael Moreno Valle, para que este no pagara el costo político de una medida siempre impopular.
En su momento, Tony Gali se negó a realizar un ajuste a la tarifa. Rafael Moreno se lo exigió para que Martha Erika Alonso no pagara los platos rotos. Gali se sostuvo en su negativa y eso fue, entre otros temas, la causa de su conocido rompimiento con Moreno Valle, quien se murió sin haberse reconciliado.
De igual forma, Miguel Barbosa cedió y avaló un incremento. Fue a cambio de la modernización del sistema y la renovación de las unidades, que sobre todo deberían contar con cámaras de seguridad. Los concesionarios, siempre abusivos, siempre protegidos por factores de poder, incumplieron. Hicieron lo que quisieron.
Y a Barbosa Huerta ya no le alcanzó el tiempo para asegurarse que cumplieran con tan anhelada modernización.
Ahora, todo indica que hay un acuerdo entre el gobernador Sergio Salomón y el gobernador electo, Alejandro Armenta. La decisión de autorizar o no un nuevo ajuste a la tarifa del transporte público será, al parecer, de Alejandro Armenta, no de Céspedes Peregrina.
Cuando se le ha preguntado del espinoso tema, Armenta ha dicho que no está cerrada la puerta al aumento, pero que debe analizarse a profundidad. En otras palabras: sí, pero no.
La pregunta es: Incremento, pero a cambio de qué, para qué, cómo y cuánto. Ha hablado de forma genérica de un sistema de transporte más sustentable y moderno. De la electrificación del transporte poblano. Pero no ha dicho cómo.
En los últimos meses, van 11 veces que los concesionarios exigen el ajuste. Quieren que sea de 12 pesos como mínimo y de 19 pesos como máximo. Hoy es de 8.50 pesos. Recientemente han subido el tono de sus demandas. Sus protestas son cada vez más frecuentes. Han amagado con la idea de un paro.
En días pasados, cerraron y desquiciaron por varias horas la Atlixcáyotl, frente al CIS, donde se encuentra la oficina del gobernador. Hay un ambiente social justificadísimo en contra del aumento a la tarifa.
Golpeadas económicamente por múltiples causas, las familias poblanas ya se cansaron de ser ellas quienes deban apretarse el cinturón. Se niegan a pagar más por el mismo servicio deficiente, inseguro y peligroso que reciben todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches. Subirse a una unidad de cualquier ruta es un infierno. Deporte de alto riesgo. No se sabe si llegarás con vida a tu casa o al trabajo.
Los concesionarios alegan que todo ha subido, menos la tarifa del transporte público, que desde 2019 no hay aumento. Afirman que lo que ganan es insuficiente para cubrir sus gastos de operación, mantenimiento de vehículos y refacciones. Más de 48 mil familias dependen del sistema. Choferes y dueños de unidades se dicen discriminados.
El gobernador Sergio Salomón Céspedes ha dicho que nadie está donde ya no es negocio. Y volvió a desestimar que se autorice un aumento durante lo que queda de su gobierno.
No se cederá a presiones, reiteró en declaraciones a los medios de comunicación.
Sergio Salomón es un gobernante bien calificado. ¿Va a autorizarlo aunque eso signifique sacrificar su nivel de aprobación y popularidad? ¿Le quitará esa loza a su sucesor?
Si, como parece, el balón está en la cancha de Armenta, ¿qué va a decidir una vez que asuma como gobernador constitucional? ¿Cuál es la opinión técnica y política de su futura secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús, quien ha guardado silencio?