Gabriel Sánchez Andraca
El gobernador del Estado, al dar a conocer ayer un proyecto para modernizar y poner al alcance de todos los poblanos los órganos de acceso a la justicia, dijo que “se corta el dedo, para designar notarios. Estos se designarán por concurso para lo cual en breve se publicará la convocatoria”.
En el pasado, afirmó, los notarios eran designados directamente por el gobernador en turno. Eran regalos que los gobernadores hacían a amigos y a colaboradores que dejaban de serlo. “A mí que no vayan a tocar la puerta, porque ya me corté el dedo y ahora un notario deberá concursar en los términos que se establezcan en la convocatoria para el caso. Ya no será como ocurría en el pasado reciente”.
El Poder Ejecutivo irá en apoyo del Poder Judicial, para que en las 32 regiones de la entidad, existan instalaciones adecuadas para las oficinas de los juzgados, de las notarías y del Instituto Registral y Catastral del Estado. Acercar los órganos de justicia y de certeza jurídica, al pueblo, es sumamente importante.
Y CLARO QUE LO ES: HAY QUE RECORDAR que en el primer gobierno panista de la entidad, fueron suprimidas las agencias del Ministerio Público Auxiliares y de 700 que había solo quedaron 70. ¿Qué pasó? Que el gobierno panista logró su propósito; Puebla quedó a nivel nacional como una de las entidades más seguras de la república, pues de la noche a la mañana, bajaron espectacularmente las denuncias de hechos delictivos.
Las víctimas de delitos o abusos, tenían que ir a las cabeceras de distrito, muchas veces sin medios de comunicación, y sin recursos para viajar y no lo hacían. Y cuando lo llegaban a hacer, regresaban a sus pueblos con las manos vacías, pues no eran atendidos por el exceso de trabajo que se acumulaba o porque simplemente no les hacían caso.
Cuando los delitos eran graves, se llegaban a conocer varios días después de cometidos.
En el breve periodo del gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, se hizo un esfuerzo para remediar este grave problema. Fueron contratadas varias decenas de abogados para que se hicieran cargo de agencias del MP, que se instalaron en cabeceras municipales y eso fue un alivio para la situación existente.
UN PROBLEMA QUE HISTORICAMENTE HA venido surgiendo en cada cambio de autoridades municipales, es el del despido de personal, pues los nuevos alcaldes y regidores, se creen con derecho a colocar en algún puesto público a “su gente” y para poder hacerlo, se corre a los empleados, muchos con experiencia de varios años, del ayntamiento anterior.
La Secretaria General del Sindicato de Empleados Municipales de Cuautlancingo, Sandra González Torres, acaba de denunciar un caso de estos, en el municipio que ahora el señor Filomeno Sarmiento gobierna.
Todos los integrantes de la organización sindical, que suman 181, son trabajadores de base y después de la toma de las actuales autoridades, la semana que está por terminar, no se les deja entrar a su trabajo.
Esto además de ser contrario al derecho humano al trabajo, es violatorio de la ley, máxime cuando todos están adheridos a una organización sindical debidamente legalizada, que tiene firmado un contrato colectivo de trabajo con la autoridad municipal.
Se excusa el nuevo alcalde diciendo que a él no le entregaron ningún convenio y que tampoco se le informó que hubiera un sindicato y la dirigente afirma que ellos, los trabajadores, tienen los documentos debidamente firmados por las anteriores autoridades y que si el actual presidente municipal, el señor Sarmiento, no recibió los documentos o los informes adecuados, es problema que no incumbe a los trabajadores, que recurrirán a las autoridades del trabajo para exigir el respeto a sus derechos.
Asuntos como este, surgen en casi todos los municipios, provocando enojo, decepción y problemas económicos en las familias de los trabajadores que en su mayoría no están como los trabajadores de Cuautlancingo, sindicalizados y con contrato de trabajo.
Es necesario que a los empleados y trabajadores del sector público, se les garantice seguridad en su empleo, pues ahora con esto de la democracia partidista, sale un ayuntamiento panista y entra un morenista, y los de arriba se sienten en la obligación de correr a los de abajo, para darles chance a sus respectivos seguidores.
Los funcionarios de un ayuntamiento, de un gobierno estatal, no tienen ese derecho pues saben perfectamente que tienen que salir, si sus servicios no los requieren las nuevas autoridades, pero los empleados, los trabajadores del común, necesitan tener garantías y prestaciones.
FUNCIONARIOS PUBLICOS DE NUEVO INGRESO, pueden cometer graves errores, que pongan en aprietos a sus superiores.
Es el caso del secretario de gobernación del recién estrenado ayuntamiento de Puebla, que de entrada amenaza con cárcel a los líderes de la organización “28 de Octubre”.
Esta organización, que tuvo como dirigente a un líder popular llamado “Simitrio”, tiene una larga trayectoria. Surgió en el gobierno del licenciado de Mariano Piña Olaya y fue muy persistente en sus luchas. Su líder fue detenido en la ciudad de México y su gente continuó organizada y con sus luchas, justas o no, pero siempre en pie de guerra.
Si el actual ayuntamiento decide, como su secretario de Gobernación parece estar empeñado, en declararle la guerra, la va a tener y se va a provocar una agitación innecesaria en Puebla.
¿Qué no habrá manera de establecer un diálogo, si no amistoso, un diálogo respetuoso, en el que autoridades y vendedores ambulantes o de los mercados nuevos, lleguen a acuerdos?
Por lo general, cuando se establecen los nuevos gobiernos sean municipales o estatales o incluso federales, los nuevos funcionarios creen que lo pueden todo. Y a veces logran imponerse, pero eso siempre resulta contraproducente. La política de diálogo es lo que convine en estos tiempos tan revueltos. No hay que jalarle la cola al tigre.