Gabriel Sánchez Andraca
Ayer se celebró el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución General de la República, que a lo largo de ese tiempo, perdió el enfoque social que tuvo cuando entró en vigencia, al triunfo de la Revolución de 1910.
Ha sido la Constitución que ha sufrido más reformas que ninguna otra en el mundo, según afirman algunos expertos y el mayor número de reformas regresivas, se aprobaron durante los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, empezando por Miguel de la Madrid y terminando con Enrique Peña Nieto.
En tiempo de Carlos Salinas, se terminó con la reforma agraria: se privatizó el ejido, desaparecieron los bancos agrícola, ejidal y rural, desaparecieron los apoyos al campo, se inició la privatización del Seguro Social, se inició la privatización de la educación media-superior y superior; los trabajadores empezaron a perder derechos conquistados por sus luchas a través de sus organizaciones; se transformó el artículo 130 constitucional, etc.
Los cambios regresivos, continuaron con los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La mayor parte de esos cambios, que como decimos en líneas arriba, sumaron casi 500, incluían reprivatizar la empresa petrolera PEMEX, reprivatizar la Comisión Federal de Electricidad, empresas prioritarias para garantizar, junto con la autosuficiencia alimentaria, la soberanía nacional.
Hemos comentado aquí lo que decía en sus clases de economía política en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, de la UAP, el abogado de profesión y economista autodidacta (entonces todavía no se establecía en México la carrera de economista) Carlos M. Ibarra: “El país que no tenga autosuficiencia alimentaria y autosuficiencia energética, estará perdido”. Y vimos como Estados Unidos derrumbó la economía cubana, tratando de derribar su gobierno revolucionario.
Después de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que también es necesaria la independencia en la producción de medicamentos.
LA LEY FEDERAL DE TRABAJO FUE REFORMADA silenciosamente en el gobierno de Calderón y los trabajadores perdieron derechos, perdieron prestaciones y se debilitaron sus organizaciones sindicales.
Los campesinos, que fueron quienes masivamente participaron en la primera revolución social del mundo, que fue la mexicana, tienen casi todos sus derechos perdidos y las clases medias populares, han frenado su avance. Todo se debe, a las reformas constitucionales del neoliberalismo que hemos padecido durante más de 30 años.
En ese periodo han crecido como nunca, los bancos, las explotaciones mineras, las grandes cadenas comerciales, porque nuestra Constitución sufrió reformas retrógradas, destinadas a beneficiar al gran capital y a fomentar el empobrecimiento de campesinos, trabajadores de la ciudad y clases medias populares, que fueron hacia las que la Revolución triunfante, enfocó sus baterías, sobre todo en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas y gobiernos posteriores, en los que se impulsó la educación pública en todos sus grados, se impulsó la educación normalista y técnica, la salubridad y asistencia para todos los mexicanos, se establecieron los derechos de los obreros, el salario mínimo, la jornada de 8 horas, la Seguridad Social, se nacionalizó el petróleo, se creó la Comisión Federal de Electricidad. Se dio el derecho de voto a la mujer, exportábamos maíz, producíamos nuestro propios combustibles, exportábamos frijol, arroz, ganado vacuno, y todo lo que desde los años ochenta, ya no existe.
Ahora, además de que importamos maíz forrajero y transgénico, para consumo humano, de que importábamos, parece que ya no, gasolinas y exportábamos petróleo crudo, exportábamos arroz y ahora lo importamos, lo mismo que el frijol, tenemos que importar medicamentos y tenemos que contratar médicos especialistas de otras naciones, porque todo eso nos falta.
Nos sobran criminales, narcotraficantes, que han creado un ambiente de inseguridad y de elevada criminalidad en el país, al grado de que el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, solicitado en el Congreso Federal, que los diputados intervengan en la vigilancia y control, con acuerdos previos con autoridades federales y estatales, de los planes para combatir ese flagelo, que es tan grave, que tan solo en el pequeño estado de Colima, el índice de criminalidad es de 93.9 por cada cien mil habitantes.
Y POR AHÍ VAN, BAJA CALIFORNIA, ZACATECAS, Morelos y Sonora, además de Guanajuato, Tamaulipas y otros más.
El Congreso federal, está obligado a revisar todos y cada uno de los artículos constitucionales, para hacer su adecuación a las verdaderas necesidades del pueblo de México y no solo a las del grupo de poderosos que han llegado a creerse dueños del país.
No debe olvidarse que el Partido Acción Nacional, nació en 1939, precisamente para combatir al gobierno de Lázaro Cárdenas, que según ellos, como dicen ahora, estaba hundiendo al país.