Victor de Regil
El fenómeno de la movilidad humana involuntaria ha dejado de ser un secreto a voces en el estado para convertirse en una crisis estadística innegable. Por primera vez en la historia demográfica de la región, los datos oficiales le han puesto rostro a una problemática invisibilizada. Al cierre del periodo 2025-2026, los resultados definitivos de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 del INEGI revelaron que más de 79,000 personas en el estado de Puebla se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno.
La publicación de estas métricas marca un antes y un después en el diagnóstico de la seguridad y el tejido social poblano. Durante décadas, el abandono de comunidades rurales y de ciertas periferias urbanas se catalogaba bajo la etiqueta general de «migración económica». Sin embargo, el ejercicio estadístico enfocado en el quinquenio que abarca desde octubre de 2020 hasta octubre de 2025 demostró de manera contundente que decenas de miles de ciudadanos no se van por elección, sino por supervivencia.
El desglose de los datos expone una realidad alarmante para las políticas públicas de la entidad. Un total de 21,000 hogares poblanos reportaron que al menos uno de sus integrantes se vio obligado a cambiar de residencia de forma drástica e imprevista para escapar de la inseguridad delictiva o la violencia. La sumatoria global proyecta que entre 79,000 y 88,000 poblanos perdieron su arraigo y su patrimonio en este lapso debido al asedio criminal.
A este complejo panorama delictivo se le añade una segunda vertiente de movilidad obligada: los factores ambientales y los siniestros antropogénicos. De acuerdo con el organismo nacional, otras 6,900 familias poblanas tuvieron que evacuar y reubicarse de manera permanente a causa de desastres naturales o de origen humano, consolidando a Puebla como uno de los focos rojos de movilidad interna involuntaria en la zona centro del país.
Municipios ubicados en el denominado «Triángulo Rojo», así como ciertas localidades de la Sierra Negra y de la Mixteca poblana, encabezan los índices de abandono de viviendas. El acoso de bandas dedicadas al robo de transporte de carga, la extorsión comercial y el control de rutas locales ha vuelto insostenible la permanencia de pequeños productores, comerciantes y familias enteras. El testimonio recurrente recopilado por organizaciones civiles describe un modus operandi constante: amenazas directas, despojo de tierras y la nula garantía de seguridad por parte de las policías municipales.
Este flujo constante de personas está transformando también la dinámica de las denominadas «zonas receptoras». A diferencia de la migración internacional hacia los Estados Unidos, el desplazado interno busca un refugio inmediato y cercano. Esto ha provocado que la Zona Metropolitana de Puebla y cabeceras distritales de mayor escala absorban de golpe a miles de familias que demandan de la noche a la mañana vivienda, empleo formal, espacios educativos y servicios de salud.
El gran reto que enfrenta Puebla de cara al cierre de 2026 es la carencia de un marco legal específico para la protección de los desplazados. Al no estar tipificado formalmente el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) dentro de la legislación estatal, las víctimas quedan en un limbo administrativo. No son considerados migrantes internacionales, pero tampoco entran de manera automática en los programas tradicionales de atención a víctimas del delito, a menos que exista una denuncia penal de por medio, un paso que la mayoría declina realizar por temor a represalias de los mismos grupos que los expulsaron.
La publicación de la Encuesta Intercensal ha encendido las alarmas en el Congreso del Estado y entre las organizaciones de la sociedad civil, quienes exigen con urgencia el diseño de un padrón estatal de víctimas de desplazamiento y la creación de mecanismos de reubicación digna y restitución de derechos patrimoniales. Mientras el debate legislativo avanza con lentitud, miles de familias poblanas intentan reconstruir sus vidas desde el anonimato de las periferias urbanas, cargando a cuestas el peso de un patrimonio abandonado y la incertidumbre de un retorno que, por el momento, parece imposible.