El sistema judicial mexicano nunca se ha destacado por impartir justicia pronta y expedita, al contrario. La realidad mexicana y la poblana es más que alarmante. Y es que, en días pasados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021), que cuantifica también los graves problemas del sistema penitenciario.
Entre todos los datos que maneja dicha encuesta, abundantes, precisos y nacionales, uno específicamente debe llamar la atención sobre Puebla, pues se trata de un dato que nos indica que las cosas simplemente están mal.
En la entidad, describe la ENPOL, 55.4 por ciento de la población privada de su libertad está todavía con su proceso en marcha, lo que quiere decir no tienen sentencia. Es una cifra que debe alarmar a todos y poner a trabajar a todos los que tienen responsabilidad en ello, ya sea de manera directa o indirecta.
Estamos hablando de que, los procesos de más de la mitad de los reos en Puebla, se encuentra todavía “en instrucción”, pero ya están tras las rejas, pagando una condena sin haber sido sentenciados. Muchos de ellos, después de años tras las rejas, saldrán de prisión con un “disculpe usted”.
Esa cifra es alarmante y ubica al estado como el segundo con más casos de estos. Esto quiere decir que Puebla está solamente detrás de Tlaxcala, que ocupa el primer lugar en este deshonroso ranking, con 68.7 por ciento de su población carcelaria sin sentencia. En tercer lugar, está Chiapas (52.4%). En cuarto Oaxaca (49%).
La media nacional es de apenas 27.8 por ciento de los reos sin sentencia. La cosa está tan mal que Puebla la duplica, de ese tamaño es el fracaso de la impartición de justicia en nuestro Estado y es momento de hacer algo.
Pero no se trata de algo nuevo, sino de un sistema que no ha funcionado por años, quizá por décadas, afectando a cientos y miles de personas que se encuentran en esta situación injusta, por decir lo menos.
Y es que, a propósito de las cárceles y los procesos de los reos, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció hace unos días que el sistema penitenciario está “en crisis”. Incluso, dentro de sus propuestas está la creación de un nuevo penal en el Estado, pues todos los existentes tienen sobrecupo
Esto nos lleva a recordar lo que pasó en días pasados en el penal de Tula, en Hidalgo. La escandalosa fuga, de película, con armas largas, vehículos blindados y una sofisticada red de complicidades y amenazas, de reos que realizó en una cárcel de Hidalgo un comando armado para liberar a 9 presos. Todo está concatenado, digno de cualquier serie o película policiaca de Hollywood.
El deficiente sistema judicial ha sobrepoblado las cárceles. Los procesos son lentos y sumamente injustos. El hacinamiento que viven los presos es inhumano, sus condiciones de vida son deplorables.
Se trata de decenas de miles de reos, al menos la tercera parte de las 220.5 mil personas privadas de la libertad, no tienen sentencias, en el país. Se trata de una situación inhumana, independientemente del motivo por el que se les esté justando, pues todos tienen derecho a un proceso justo.
Muchos de ellos están muy probablemente purgando penas por delitos que no cometieron. Es más, es de lo más común en México.
En Puebla más de la mitad de las 8.9 mil personas presas (0.7 mil mujeres y 8.2 mil hombres) están sin sentencia. Se hayan en el limbo de la duda razonable.