Por Álvaro Cepeda Neri
I.- Haciendo uso y abuso del cargo presidencial, López Obrador sostuvo reiteradamente que seguiría comentando en sus conferencias matutinas los temas electorales, contraviniendo lo estipulado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Y recientemente, para justificar lo contrario, informó que suscribiría un acuerdo con los gobernadores para no volver a tocar el tema. Diversas voces le expresaron que lo que debe acatarse, sin acuerdos y menos sin ocurrencias mañaneras, es lo que suscribe nuestra Ley Fundamental, para despejar el tránsito al ya próximo junio, cuando el primer domingo de este mes han de asistir los ciudadanos a depositar, como una obligación y un muy duramente ganado derecho, su voto para elegir a sus representantes. Y que durante 90 días antes de ese hecho, ha de acatarse el penúltimo párrafo del artículo 134 constitucional. Puesto que el inquilino de Palacio Nacional junto con sus “siervos de la nación” y todos los militantes de Morena, ha estado haciendo propaganda. Pero el tabasqueño no quiere aceptar someterse a la legalidad del caso.
II.- “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Este párrafo constitucional es contundentemente claro para que López Obrador se dejara de acuerdos, porque lo que procede es sencillamente normar la conducta individual y colectiva mediante la ley; y máxime cuando se trate de la constitucional; aunque lo mismo sería si se tratara de una ley reglamentaria. El hecho de promover acuerdos para someterse a ella, claramente debería dar como inmediato resultado que López Obrador ya tuviera enderezadas severas sanciones.
III.- La contradicción es que el tribunal electoral del poder Judicial de la Federación, haya resuelto que el tabasqueño tiene permitido estar haciendo propaganda para su causa electoral; y atacando a los demás partidos que le están haciendo ver que sus actos no están cumpliendo con lo previsto constitucionalmente. De esta manera ya corrompió el proceso en marcha para la votación nacional, lo que demuestra que López Obrador se está colocando por encima de la Constitución, como lo hace con otros asuntos. Pero si otro funcionario lo hace, así sea por una equivocación, exige su renuncia. Desde diversos ángulos le insisten en que todo se resuelve respetando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo mismo que sus leyes reglamentarias. Lo cierto es que los presidentes de la República pasan intencionalmente por alto la legalidad y cuestionan la legitimidad, con lo que la institucionalidad pierde totalmente su finalidad. Quedando claro que si no se acata la Constitución, rápidamente estallará la crisis política.
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