· Hay avances, pero no los suficientes para cumplir con el derecho a la verdad que merecen las familias de los desaparecidos
Los Programas de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) difundieron un comunicado en el que se solidarizan con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “con quienes compartimos la exigencia de verdad, justicia y reparación”, a seis años de la desaparición forzada de los jóvenes y el asesinato de seis personas más.
“Tras los incansables esfuerzos de padres y madres, organizaciones de derechos humanos, peritos independientes y asistencia técnica internacional por desmentir la versión oficial del paradero de los 43 estudiantes, la esperanza de romper los pactos de impunidad que impiden conocer el paradero de los estudiantes continúa”.
De acuerdo con los Programas de Derechos Humanos de IBERO CDMX-Tijuana, IBERO Torreón, IBERO León, IBERO Puebla, el ITESO, el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco y el Instituto Superior Intercultural Ayuuk, a partir de 2018 se han creado mecanismos para la investigación de la desaparición de los normalistas.
“Con el cambio de la administración federal en 2018, hemos presenciado la creación de mecanismos institucionales impulsados, desde los familiares, para implementar acciones concretas en la investigación de las desapariciones de los estudiantes”.
Se han creado la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia, y de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa; así como la firma de convenios de cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) y con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para recibir asistencia técnica.
Sucesos relevantes del caso Ayotzinapa
El comunicado detalla que los cambios institucionales han dado lugar a sucesos relevantes relacionados con la investigación: el doloroso hallazgo e identificación genética del resto óseo de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los normalistas desaparecidos, en un lugar diferente al presentado en la ‘verdad histórica’ del gobierno de Peña Nieto (basurero de Cocula).
Además, presuntos integrantes de organizaciones criminales y exfuncionarios públicos han sido acusados y algunos detenidos por cometer irregularidades en la investigación del caso, como la manipulación de evidencia, detenciones arbitrarias y uso de la tortura durante la investigación.
Se ha dado a conocer que en la desaparición de los estudiantes intervino una red de complicidades entre grupos criminales y autoridades municipales, estatales y federales para la operación de tráfico transnacional de estupefacientes.
Aunque hay avances importantes, falta todavía cumplir con el derecho a la verdad de las familias: está pendiente el esclarecimiento minucioso de los hechos, la fractura de los pactos de impunidad a través de las sanciones correspondientes, tanto de los criminales como de exfuncionarios y funcionarios. Del mismo modo, falta responder al dolor de los padres y madres de los normalistas que aún no conocen el paradero de sus hijos.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, enfatizan los Programas de DH del SUJ, refleja “la grave crisis de violaciones de derechos humanos permeada por la impunidad y la corrupción en nuestro país, que no debemos ignorar”.
“Por ello nos solidarizamos con los padres y madres de los 43 estudiantes, así como con todas las familias de personas desaparecidas en el país, con quienes compartimos la exigencia hacia las autoridades judiciales y administrativas para que se imparta justicia de manera pronta, se ordene la aprehensión de funcionarios y exfuncionarios que conforman la red de macrocriminalidad que intervino en la desaparición y se esclarezca plenamente el caso”.