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Desplazados forzados son también una ‘radiografía’ de la existencia de redes de macrocriminalidad en México, señala académico de la IBERO
Pedro Rendón/ICM
El hecho de que haya cientos de miles de desplazadas y desplazados forzados en México demuestra que el Estado ha perdido la soberanía más básica, la soberanía sobre el territorio -del que la Constitución dice que el Estado tiene el poder y el control-, señaló el Dr. Gilberto Santa Rita Tamés, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Los pueblos y ciudades de los que las personas son desplazadas son apoderados por las mafias y quedan libres para muchas cosas, por ejemplo, para la siembra de drogas y para establecer narcolaboratorios. Esto es lo peor que le puede pasar a un Estado, “por eso se vuelve a tocar el tema, como en el sexenio de Peña y en el de Calderón, de que estamos otra vez en presencia de un Estado fallido”, un Estado que, si bien tiene en sus instituciones y en sus leyes, figuras jurídicas, en la práctica esto no se lleva a cabo.
Los desplazamientos son también una ‘radiografía’ dura de la existencia en el país de redes de macrocriminalidad, que tienen base social, control del gobierno y del comercio, lo que ha generado que las personas que quieren vivir en paz, que son la mayoría de los mexicanos(as), se tengan que desplazar.
Este fenómeno de la macrocriminalidad, que se ha visto en otros países de Latinoamérica -como Colombia-, es la demostración más dramática de la descomposición social y ha obligado a migrar a personas de casi todos los estados de la República.
Aunque el actual, es el tercer sexenio consecutivo en el que hay presencia de militares en las calles realizando labores de seguridad, su estrategia es insulsa, pues muchas veces consiste sólo en patrullajes de convoyes armados, “y eso es tan evidente que el criminal espera a que pase el convoy, a que se retire algunos kilómetros, y vuelve a actuar ilegalmente”.
Contrario a esto, Santa Rita dijo que se debe construir una policía civil, que no sean “policías militares reciclados”, sino una policía que verdaderamente tenga fines de prevención del delito, “y no solamente fines reactivos frente a balaceras o enfrentamientos, como es lo que hacen hoy en día el Ejército y la Guardia Nacional”.
En torno a cómo podría el Estado recuperar territorios que ahora le pertenecen al crimen organizado, el profesor de Derecho de la IBERO mencionó: “Hasta que se elimine la cogobernanza entre los poderes políticos y las mafias. El problema es que introducir una estrategia, por ejemplo, de cacería de brujas de políticos, va a generar una inestabilidad política tremenda; entonces esto se tiene que ir mejorando de forma gradual”.