Víctor de Regil
El caso del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, sigue dando de qué hablar y parece, hasta ahora, no tener fin. U es que, en días pasados, La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que el exgobernador de Puebla sería trasladado nuevamente al Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, luego de que un tribunal revocara el beneficio de prisión domiciliaria que se le había concedido.
Hay muchas versiones de lo sucedido, pero hay quienes afirman que su activismo político, desde su prisión domiciliaria, en la zona de Xilotzingo, molestó mucho a autoridades tanto poblanas como de la propia Ciudad de México, lo que motivó el cambio de las medidas cautelares con las que estaba gozando.
Y es que, Marín recibí a a diario a políticos poblanos que buscaban entrar al gobierno estatal o, incluso, de funcionarios que ya ocupan altos niveles en la administración del gobernador Alejandro Armenta y que, de manera habitual, visitaban al exgobernador incluso hasta para recibir indicaciones.
No podemos olvidar que la mayoría de los personajes que integran el gabinete del gobernador Armenta, formaron parte de la administración de Marín, por lo que muchos, equivocadamente, le siguen rindiendo pleitesías al exgobernador.
Como sabemos, el caso se remonta a 2005, cuando la periodista Lydia Cacho publicó su famoso libro titulado “Los Demonios del Edén”, obra que documentaba una red de pornografía infantil presuntamente dirigida por el empresario Jean Succar Kuri y protegida por numerosos funcionarios públicos. Como aparente represalia contra la periodista, Cacho fue detenida irregularmente en Cancún y trasladada hasta Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria Kamel Nacif.
Fue en febrero de 2006, se filtró a los medios una conversación telefónica entre el entonces gobernador Mario Marín y Kamel Nacif. Durante esta llamada, Marín se jactaba de haber dado “un coscorrón a esta vieja”, refiriéndose a Cacho, mientras Nacif lo llamaba “mi gober precioso” y “héroe de esta película”. Este episodio generó gran indignación pública y se convirtió en un símbolo de abuso de poder y complicidad entre autoridades y empresarios.
Aunque Cacho presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en marzo de 2006, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pero fue desestimado en 2007. La periodista interpuso una contrademanda en 2009, lo que motivó nuevas investigaciones por tortura que se mantuvieron sin avances significativos durante años.
Según informó la FGR a través de la Fiscalía Especial en materia de Derechos Humanos (FEMDH), el Tribunal Colegiado de Apelación del vigésimo séptimo circuito, con sede en Cancún, determinó que la medida cautelar de prisión domiciliaria otorgada a Marín en agosto de 2024 “careció de fundamentación adecuada, no valoró los riesgos procesales y omitió considerar el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos imputados”.
En consecuencia, agentes de la Guardia Nacional ejecutaron la orden para reingresar al exfuncionario de 70 años al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde enfrentará el proceso por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra Lydia Cacho.
La Fiscalía subrayó la trascendencia nacional del caso “no solo por la naturaleza del delito de tortura, sino por tratarse de una agresión contra una periodista en ejercicio de su libertad de expresión, en un contexto de uso ilegítimo de las instituciones del Estado para reprimir el derecho a la información”.
Este caso ha sido emblemático en la lucha por la libertad de prensa en México y contra la impunidad del poder político, por lo que la decisión del tribunal ha sido recibida con satisfacción por organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de expresión.