EDITORIAL
Parece que nada bueno prometen las elecciones intermedias excepto que, quizá y ojalá así sea, las y los ciudadanos decidan participar profusamente, resuelvan salir en masa a ejercer su obligación y derecho al voto y rompan la barrera del 49% de abstencionismo que, en promedio, registran este tipo de elecciones desde 1991.
La participación tiene muchas virtudes. Desde luego la primera de ellas es que mientras más votantes se expresen en las urnas más representativa será la composición de la Cámara de Diputados; en un sentido o en otro, más reflejará las preferencias de los ciudadanos. Aun cuando la legalidad de los resultados sea igual con alta o baja participación, si en lugar de alcanzar el 51% de participación en 2021, se lograra un 80%, sabríamos, por cierto, que la gran mayoría de las y los mexicanos están por refrendar al partido en el poder y otorgar al Presidente una Legislatura que le responda ciegamente o, por el contrario, tener un congreso capaz de ser un contrapeso.
Ciertamente, fuera de la participación y sus resultados, las elecciones intermedias pintan para ser unas de las más complicadas en la historia reciente de México. Salvo por los miles de personas que el INE ha movilizado para cumplir con su deber ciudadano de prepararse para ser funcionarios de casillas y la propia organización de la sociedad para registrarse como observadores, el escenario político de hoy no les pertenece a los votantes sino a los otros actores de la contienda. La hora del ciudadano será hasta el 6 de junio.
Hoy en día, en la cancha están, por una parte, los partidos y candidatos junto con las autoridades electorales que deben organizar las elecciones y resolver los conflictos preelectorales y, por la otra, los gobiernos que, contraviniendo la ley se han erigido en jugadores activos de la contienda cuando lo que deberían estar haciendo es lo que les toca: atender la complejísima tarea de gobernar.
El INE organizador y vigilante de todo el proceso hace su trabajo a contrapelo porque se le ha querido posicionar y catalogar como un jugador de las elecciones cuando en realidad es el árbitro y, de igual manera, por las constantes descalificaciones que ha sufrido a manos del Ejecutivo federal. El Tribunal también hace su trabajo a contrapelo. De todos son conocidas las presiones a las que se le ha sometido.
Sobre los partidos y candidatos, lo mismo de siempre. Pocas propuestas y mucha mercadotecnia y conductas ilegales que poco a poco irán saliendo a la luz. Con todo, más preocupantes son los riesgos que provienen por un lado del crimen organizado y el clima de violencia y por el otro de la injerencia del gobierno federal.
Según Integralia, la violencia ligada al proceso electoral ha cobrado ya entre septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 169 casos de violencia política con 210 víctimas y 143 asesinados. De estos, 26 eran aspirantes de cargos a elección popular. Esto se explica por la búsqueda de miembros del crimen organizado para coludirse o controlar a gobiernos locales para dominar mercados ilícitos.
Otro gran reto antes del 6 de junio es la intervención de los gobiernos para obtener un resultado favorable para sus partidos y candidatos o para frenar a los contrincantes. No sólo a través de los mecanismos tradicionales, sino haciendo gala de una violación flagrante a la Constitución.
Todo comenzó cuando el Presidente se autoerigió en vigilante y garante de la elección intermedia en junio de 2020. Desde entonces advirtió que como no confiaba en el INE iba “a estar pendiente para que no haya fraude electoral”, que se iba “a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos para elegir libremente a sus autoridades”, que “como cualquier ciudadano” se iba a involucrar en las elecciones y que denunciaría si consideraba que había intentos de fraude en alguno de los cargos en disputa. Lo dijo y lo está cumpliendo aun cuando no tiene facultades para ello, está invadiendo funciones y contraviniendo la Constitución.
Estos son algunos de los retos preelectorales. Falta lo más difícil, lo que se espera el día de la elección y en el periodo poselectoral. Es una pena, pero, a 30 años de comenzada la transición democrática, no hay manera de llegar a la normalidad democrática.