El poder legislativo en términos generales, no goza de la mejor de las reputaciones frente a la ciudadanía. Los distintos hechos en los que se han visto envueltos decenas de diputados federales y locales, han mermado la imagen que debieran tener como representantes populares.
Por unos pagan todos a nivel de imagen pública, sin embargo hay legisladores muy decentes dentro de las distintas legislaturas del país, así que entre más se conozcan los abusos de unos, de podrá garantizar la honestidad de los otros.
En San Luis Potosí, el diputado federal por el Partido Verde, José Ricardo Gallardo Cardona, tiene una denuncia por defraudación fiscal que asciende a más de 9 millones de pesos, según consta en los documentos oficiales del Servicio de Administración Tributaria.
El joven diputado por mayoría relativa, no tiene registrado en el sitio electrónico de la Cámara de Diputados la trayectoria política antes de ser legislador federal, a pesar que fue presidente municipal en Soledad de Graciano Sánchez; pertenece a las comisiones del deporte, ganadería y, hacienda y cuenta pública, donde es secretario.
De hecho el pasado 1o. de julio, se presentó una solicitud de amparo para poder procesar a este diputado, quien solicita el amparo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la resolución del 11 de marzo pasado, relacionado con el expediente 3/2020 del Centro de Justicia Federal en San Luis Potosí; en síntesis, porque el legislador ha recurrido a distintos canales para evitar ser procesado y enfrentar la defraudación fiscal por la que se le persigue y, con la ayuda de un juez y un agente del ministerio público, logró no ser aprehendido aún cuando existía una órden en su contra.
Ahora el tema está en la cancha del poder judicial de la federación, en este caso, deberán demostrar de qué lado están, si del de un diputado defraudador o de la sociedad que busca terminar con estos usos y abusos del poder.
Ahora bien, el hoy diputado Gallardo Cardona, estuvo preso en dos penales de máxima seguridad: Hermosillo, Sonora; y en Ocampo, Guanajuato; por desviar recursos cuando fungió como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.
Vamos a ver hasta donde es cierta la lucha contra la corrupción que enarbola esta cuarta transformación, aún cuando el Partido Verde ha sido su aliado en lo político.