Adventure Travel Network, que en el pasado se llamó Feria Internacional de Turismo de Aventura nació y creció al amparo económico del extinto Consejo de Promoción Turística de México. Millones de pesos subsidiaron este foro en conjunto con dinero de los estados de la república donde se celebró.
Su objetivo fue reunir a las empresas relacionadas al turismo de aventura, primero de la mano de la ATTA (Adventure Travel Association) y después, ya sólo con el subsidio del erario federal y estatal.
Cuando se supo de la extinción del Consejo de Promoción Turística de México, el director de esta feria, Antonio del Rosal, registró el nombre (ATMEX) y quedó como propietario de la marca y en lo sucesivo del foro. Este año será virtual y se llevará a cabo en Loreto, pregunté hace algunas semanas a Antonio del Rosal, el monto que Loreto, Baja California (o su autoridad turística) le pagó por la celebración de ATMEX, ante ello la respuesta negativa, no quiso compartir la cifra. La solicitud de información ya está en la plataforma de transparencia y en cuanto tengamos la respuesta, la compartiremos en esta columna.
Evidentemente hubo discrepancias por la propiedad de la marca y la feria, diversas personas se acercaron a este periodista para dar su versión y advertir que de revelar sus nombres, el señor Del Rosal promovería una persecución legal, y así fue.
Hay dos demandas que interpuso a través de Jorge Gilberto Ontiveros Kinhanek, quien aparece en el trámite ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) como apoderado. La primera por una publicación en la plataforma facebookdonde argumentan, se afecta su patrimonio y la segunda por «delito contra la identidad de las personas», por haber -de acuerdo al demandante- promovido una petición en la página global change.orgcon relación a la marca ATMEX.
Hasta donde nos explicó Antonio del Rosal, interpreto que no hay problema alguno con relación a su registro de marca, se vio hábil y registró un foro que organizó por años y quedó a la deriva con el cambio de gobierno. Los quejosos tienen a las autoridades competentes si consideran que hubo alguna acción ilegal. Ahora bien, el hecho de demandar por publicar una controversia a través de las plataformas electrónicas es sin lugar a dudas, un exceso, sobre todo si tienen toda la documentación que sostiene la legalidad de sus hechos.
Ojalá San Luis Potosí –donde están interpuestas las demandas– no se convierta en un estado donde el poder judicial persigue a quien publica en facebook o en la plataforma change.org