Victor de Regil
En días pasados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó el presunto saqueo al Ayuntamiento de Puebla realizado por los ex alcaldes panistas Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, pues en conjunto les han detectado presuntos daños patrimoniales por más de 313.3 millones de pesos, de acuerdo con los informes individuales de las cuentas públicas 2022, 2023 y 2024.
Del total, Lalo Rivera es quien más anomalías concentra en el ejercicio de los recursos públicos en 2022 y 2023, justo antes de irse a buscar la gubernatura, pues suma 249.8 millones de pesos en observaciones de la ASF; mientras que el edil sustituto, Adán Domínguez fue observado por 63.5 millones.
Las auditorias indican que el monto más alto es de 188.1 millones de pesos de la cuenta pública del 2023, que corresponde a la gestión de Eduardo Rivera y, de acuerdo con la información oficial, fueron esclarecidos 184.2 millones de pesos, faltando por justificar 2 millones de pesos.
Por el análisis de la cuenta pública 2022, se hizo observaciones de 61.7 millones, de los cuales fueron solventados 6.8 millones de pesos.
Recordemos que en noviembre de 2025, se informó que los ex alcaldes solventaron 3.51 por ciento de los 270 millones de pesos que les fueron observados. 80 millones de pesos se encontraban sin aclarar, 185 millones de pesos estaban en seguimiento y 10 millones de pesos eran analizados en diferente documentación.
De igual forma, en febrero de 2025, informó la ASF realizó cuatro observaciones a la cuenta pública de 2023 de Eduardo Rivera por un monto de 186 millones 168 mil 25 pesos. Uno de los análisis fue por un monto de 122 millones 145 mil 780 pesos, que no estaban comprobados por compra de combustible.
La ASF detectó irregularidades por 63.5 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento de Puebla, correspondientes a la gestión de Adán Domínguez. Tras fiscalizar una muestra de 413 millones de pesos de origen federal, el órgano identificó inconsistencias que impiden certificar que los recursos fueron ejercidos bajo los principios de legalidad y transparencia.
La primera observación administrativa asciende a 38.2 millones de pesos derivados de participaciones federales. Entre las irregularidades más críticas se reportó la omisión del contrato para la adquisición de un vehículo del Instituto Municipal del Deporte; además, la entidad fiscalizadora señaló la carencia de registros en el inventario y de documentación que acredite su debido resguardo patrimonial.
Las observaciones de la ASF alcanzaron también al Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL). En las acciones de limpieza de ríos y barrancas, se detectaron bitácoras ilegibles o carentes de las validaciones normativas necesarias. Asimismo, la administración de Adán Domínguez falló en acreditar la operatividad de un software de digitalización contratado, al no presentar evidencia de su funcionalidad ni del beneficio obtenido por la inversión.
La segunda observación asciende a 25.3 millones de pesos del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), se centra en el licenciamiento de software para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El órgano fiscalizador señaló la ausencia de actas de entrega-recepción formal, así como la falta de documentación validada que certifique que los sistemas informáticos fueron recibidos a entera satisfacción y cumplen con las especificaciones contratadas.