Un hecho de relevancia acaba de suceder en Puebla y que puede marcar, positivamente, el sexenio del gobernador Miguel Barbosa. Nos referimos por supuesto a la Reforma al Poder Judicial del estado de la cual entró en marcha hace unos días, sin titubeos y sin pausas, apenas se completó el número de 109 cabildos que la avalaron, tras su aprobación, por unanimidad, en el Congreso local, con lo que alcanzará la declaración de constitucionalidad.
Uno de los elementos más relevantes es que una mujer encabeza el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por primera vez en la historia y se eligió al presidente de un nuevo Consejo de la Judicatura, quien implementará los cambios, todos de gran calado y que son en beneficio de la impartición de justicia en nuestro Estado.
Con la renuncia de Héctor Sánchez Sánchez a la presidencia del Poder Judicial, más allá de un simple reacomodo de personas, se agiliza también la recomposición institucional que tanto urgía a este poder.
La reforma contempla que ahora el ejercicio jurisdiccional se deposite en cuatro brazos del Poder Judicial del estado, de los cuales se encuentran los siguientes: El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia Administrativa.
No habrá más un ejercicio unipersonal, que lo mismo podía controlar a los magistrados y poner, quitar y cambiar de distritos a los jueces a placer.
Que podría influir en las sentencias.
El Consejo de la Judicatura, en este nuevo esquema, tiene un papel preponderante, sobre la tutela y la garantía de imparcialidad de los administradores de justicia, uno de los puntos de más relevancia de esta reforma.
Ahora, el nuevo presidente es el jurista Carlos Palafox Galeana.
El Consejo tendrá una Escuela Estatal de Formación Judicial y un Instituto de Defensoría Pública, que pasa del Poder Ejecutivo ahora al Judicial.
También, dentro de los cambios establecidos, se crea un mecanismo de responsabilidad para magistrados y consejeros, distinto del juicio político, por denegación de justicia, conflicto de interés o impedimentos.
Asimismo, hay un fortalecimiento al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores público del Poder Judicial.
Los candados para garantizar pulcritud en la actuación de jueces y magistrados se aprietan y se pulen.
Hay que recordar que los presidentes de los cuatro brazos del Poder Judicial serán nombrados para un periodo de 4 años, sin reelección.
También la reforma establece que ninguna presidencia podrá recaer simultáneamente en una misma persona.
El mismo día que entraron en vigor dichas reformas, como presidenta del TSJ fue electa la magistrada Margarita Gayosso Ponce. Por primera vez una mujer ocupa este altísimo cargo. Ese simple hecho es por sí mismo insólito.
El Pleno del TSJ se convertirá en el órgano deliberativo por excelencia del Poder Judicial, como siempre debió ser.
La reforma que presentó el gobernador Miguel Barbosa y que se implementará sin retrasos está cimbrando al Poder Judicial y a sus integrantes.
Quienes deban corregir, lo tendrán que hacer o irse.
Quienes están dispuestos a entender y, en consecuencia, actuar, el momento histórico del que son partícipes, lo harán.
El cambio es desde las entrañas. Que sea para bien.