José Antonio López Sosa
Entiendo que las escuelas privadas insistan y presionen por volver a clases presenciales, resulta una empresa irresponsable insistir en ello ante la inminente llegada de la tercera ola de contagios de SARS-CoV-2, así como la imposibilidad de vacunar a niños y adolescentes.
No entiendo por qué el gobierno federal se sube a la misma causa, insistiendo que el regreso a clases es un hecho para el siguiente ciclo escolar.
No hay seguridad sanitaria para tal efecto, es imposible reducir o prevenir los contagios en aulas cerradas con alumnos no vacunados, cuando las variantes acechan y se conoce poco aún sobre sus efectos.
Se trata por supuesto de una decisión coyuntural que implica muchas consecuencias, la educación y formación de toda una generación que habría perdido practicamente dos ciclos escolares, sin embargo, ahí el gobierno debiera poner en la balanza qué afecta menos, suspender el regreso a clases o dar pie al aumento de contagios, no hay más, son dos opciones que la misma realidad producto de la pandemia nos ha impuesto como sociedad a nivel global.
La seguridad sanitaria de niños y adolescentes no puede estar sujeta a una decisión política con base en la terquedad, tampoco en una serie de presiones por parte de instituciones privadas que como todos, han visto caer sus ingresos por la pandemia, debe haber sensatez y veracidad, una determinación conjunta entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública con base en datos y análisis técnicos y no políticos, privilegiando la seguridad sanitaria por encima de cualquier otro interés.
El regreso a clases hoy es un riesgo, es una condición de inseguridad para niños, adolescentes y sus familias, para maestros y trabajadores de la educación, resulta un acto de irresponsabilidad frente a la realidad actual.
¿Alternativas?, que las proponga la SEP, para eso les pagan, para diseñar otros mecanimos que no pongan en riesgo a la población en general, con un aventurado regreso a clases presenciales el mes entrante.