Al momento

La crisis de los desaparecidos

Víctor de Regil

La crisis de personas desaparecidas en México ha dejado de ser un fenómeno geográficamente aislado para convertirse en una herida sistémica que late con fuerza en el corazón del país. Pensar que el horror se limita únicamente a las zonas fronterizas o a los epicentros históricos del narcotráfico es un acto de ceguera voluntaria. Hoy, el estado de Puebla es el reflejo de esta tragedia generalizada, consolidándose en una posición alarmante con 2,848 personas que permanecen desaparecidas hacia finales de 2026.

Mudar las cifras oficiales a nombres, rostros y familias destruidas nos obliga a encarar una realidad ineludible: en Puebla se registran, en promedio, cuatro denuncias diarias por desaparición. Detrás de cada reporte acumulado en la Fiscalía del Estado hay una historia truncada. Casos recientes que han sacudido a la opinión pública, como el del joven estudiante de la BUAP Hugo Alejandro Hernández o el de Mateo Hernández, evidencian que nadie está a salvo y que el miedo camina libre por nuestras calles.

La especificidad de la crisis poblana adquiere matices profundamente dolorosos cuando desglosamos los datos de los colectivos y organismos civiles como la Red Lupa o el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla. A diferencia del patrón nacional en el registro histórico de Puebla las mujeres y las infancias representan una cuota desproporcionada de vulnerabilidad: casi la mitad de los casos históricos involucran a menores de 19 años, y más del 53% de las víctimas históricas en la entidad han sido mujeres, dinámicas que encienden las alarmas por su evidente vínculo con las redes de trata de personas y la violencia de género que asfixia a la región centro del país.

El epicentro del problema se concentra en el municipio de Puebla, el cual abarca casi un tercio de las desapariciones activas del estado con más de 940 casos. Sin embargo, la mancha urbana del dolor se extiende con fuerza hacia la periferia y los municipios conurbados como Cuautlancingo, Amozoc, Izúcar de Matamoros y Atlixco.

Frente a este escenario, la respuesta del Estado sigue caracterizándose por la burocracia, la opacidad y la revictimización. Aunque las autoridades reporten ligeras disminuciones porcentuales en las carpetas de investigación o se presuma la instalación de más de 200 células municipales de búsqueda, la realidad en el terreno es otra: estos comités operan mayoritariamente sin lineamientos claros ni presupuesto real. La brecha entre el discurso oficial y el desamparo de las familias es inmensa.

Lo que resulta verdaderamente desgarrador en el caso poblano es el perfil demográfico de las víctimas, que evidencia un ensañamiento directo contra las juventudes y la infancia. El 41% de las desapariciones en el estado se concentra en el rango de los 15 a los 29 años, convirtiendo a Puebla en un territorio hostil para los jóvenes. La vulnerabilidad de género es igual de palmaria: de las mujeres reportadas como desaparecidas en la entidad, un alarmante 40% corresponde a jóvenes y adolescentes de entre 15 y 24 años, un indicador indudable del acecho que representan delitos complejos como la trata de personas con fines de explotación sexual y el feminicidio. Asimismo, la infancia poblana sufre el embate directo de esta crisis, registrándose más de 530 menores de 18 años desaparecidos, de los cuales el 60% son niñas.

La crisis de los desaparecidos en México y su doloroso reflejo en Puebla nos colocan frente al espejo de nuestra propia degradación moral y política. No podemos seguir normalizando las cifras, ni aceptar el cínico argumento oficial de que quienes faltan «andaban en malos pasos» o que los censos se deben subclasificar para reducir artificialmente el impacto estadístico. Cada persona que nos falta es una fractura definitiva en la promesa democrática del Estado mexicano. Exigir justicia, memoria y la localización de los desaparecidos no es solo una causa de los colectivos de familias y de los espacios de resistencia ciudadana; es la última trinchera de dignidad que nos queda como sociedad para no sucumbir ante el olvido definitivo.