La autoridad electoral marca las reglas de las elecciones, no los adversarios políticos

Angélica Beltrán

El falso debate en el que han caído los políticos en plena efervescencia –anticipada—de campañas electorales, es el de las acusaciones mutuas del uso de recursos públicos para la promoción personal.

Sin embargo, todos los aspirantes, sin excepción y sin distingo de partido ni de género, han caído en la misma situación de usar recursos públicos para su anticipada propaganda y, además, sin separarse de los cargos públicos.

No obstante, en las últimas semanas los morenistas han emprendido una campaña desde diversos ángulos, incluido el mandatario federal López Obrador, contra el diputado presidente Santiago Creel, a quien le han exigido solicite licencia ante su aspiración a ser candidato presidencial.

           La respuesta del panista, este martes en la comisión permanente del Congreso de la Unión y ante los medios, fue acertada: Si el INE exige a los aspirantes –anticipados—separarse de sus cargos; acatará. Porque para él, la ley sí es la ley. Sólo así solicitará la licencia como diputado y presidente de la Mesa Directiva. De lo contrario no lo hará.

           Y claro, esa es una verdad.

          Si diputados, senadores y demás voces no son autoridad electoral, ¿por qué tendrían que exigir la licencia a los aspirantes a cargos de elección?

              En el caso de los aspirantes presidenciales de MORENA, fue el partido el que exigió la licencia sus “corcholatas” como requisito para el registro; y posterior inicio de campaña; perdón, quise decir, asambleas informativas por todo el país.

De ese modo, en un proceso adelantado, correspondería sólo al PAN determinar si sus aspirantes deben o no solicitar licencia; no así a los políticos adversarios, quienes han tomado el tema como arma de golpeteo político contra uno de los aspirantes adversarios a quien ven con posibilidad de triunfo en 2024.

Pues es de extrañarse que no exijan a Xóchitl Gálvez que solicite licencia, ni a Beatriz Paredes –ambas senadoras; o a Alito Moreno, diputado, ni al resto de los aspirantes presidenciales de la oposición.

    Por otro lado, está a la vista de todos que –a excepción de las corcholatas— ningún otro aspirante ha dejado su cargo para iniciar el arduo proceso de conversar a los electores de que son la mejor opción. Y para muestra basta un botón. Ignacio Mier, diputado presidente de la Jucopo, quien busca ser el candidato de MORENA al gobierno de Puebla.

         Así, por el lado ético, todo aspirante que esté libre de usar recursos públicos y de no dejar el cargo, que tire la primera piedra. Y por el lado jurídico, que quede muy claro, la autoridad electoral, basado en la ley electoral correspondiente, marca las reglas del proceso de campañas, no así los adversarios políticos.

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