Víctor de Regil
Cuando en 2019 se abrieron las primeras ventanillas de Jóvenes Construyendo el Futuro, el discurso oficial prometió no solo justicia social, sino una revolución estructural. Se pretendía arrancar a millones de jóvenes del desamparo y la informalidad laboral, o peor aún, de las redes del crimen organizado. La premisa era noble: subsidiar la capacitación laboral de mexicanos de entre 18 y 29 años mediante un esquema de tutorías pagadas por el Estado. Sin embargo, la reciente y abrupta suspensión de nuevas inscripciones para lo que resta de 2026, confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enciende las alarmas y nos obliga a confrontar una amarga realidad. Detrás de la justificación técnica de que «se alcanzó la meta anual de 500,000 beneficiarios», subyace una crisis presupuestal latente y, peor aún, la preocupante desaceleración del empleo formal en el país.
El debate actual en la Cámara de Diputados, donde legisladores de oposición denuncian la opacidad e irregularidades en el manejo de recursos, no hace más que confirmar que el programa sigue navegando en aguas profundamente políticas.
El problema medular del programa no radica en la entrega directa del dinero, la cual asciende hoy a 9,582 pesos mensuales junto al seguro médico del IMSS. La verdadera falla estructural está en la concepción del programa: se ha confundido la entrega de un subsidio con una política real de desarrollo de capital humano. Al otorgarle a las empresas mano de obra completamente gratuita y financiada por los contribuyentes, el esquema ha generado incentivos perversos. Pequeños comercios y grandes corporativos por igual han encontrado en este padrón la fórmula perfecta para cubrir vacantes operativas básicas a costo cero. El Estado se ha convertido en el principal financiador de la precarización y el outsourcing indirecto.
Mientras el fenómeno del nearshoring exige técnicos especializados en programación, automatización, logística internacional y energías renovables, la gran masa de becarios es canalizada a actividades de bajísima productividad. Cuando concluyen sus doce meses de tutoría, las cifras de inserción laboral formal real siguen siendo un misterio difuso. El gobierno suele presumir los miles de millones de pesos dispersados; sin embargo, el éxito de una política laboral jamás debería medirse por cuánto dinero gasta el gobierno, sino por cuántos beneficiarios logran independizarse del presupuesto público gracias a un empleo digno, formal y bien remunerado.
Esta pausa obligada en las inscripciones coincide con un panorama económico adverso. De acuerdo con datos del IMSS, la creación de empleo formal en México avanza a un ritmo lento, con alzas marginales mes con mes y más del 53% de la población económicamente activa atrapada en las redes de la informalidad laboral. Congelar el programa en este momento crucial es una pésima señal para los sectores más vulnerables de la población. Sin un empleo formal esperándolos afuera, y con la ventanilla gubernamental clausurada, la juventud mexicana queda atrapada en una pinza perfecta de exclusión.
Es momento de que la administración de Claudia Sheinbaum deje atrás la complacencia heredada y someta a Jóvenes Construyendo el Futuro a una reingeniería profunda. No basta con defender el programa en la tribuna argumentando que el periodo neoliberal gastaba menos. Se requiere una fiscalización estricta en campo para erradicar las ya documentadas «empresas fantasma» y los esquemas donde los tutores les cobran «moche» a los jóvenes a cambio de registrarles asistencias falsas. Se necesita condicionar la participación de las empresas privadas a su tasa real de contratación posterior. Pero sobre todo, se necesita transitar del asistencialismo electoral hacia un verdadero puente hacia la formalidad. De lo contrario, seguiremos financiando una costosísima ilusión: un analgésico de doce meses que maquilla temporalmente las estadísticas del desempleo, mientras el futuro real de nuestros jóvenes se sigue desmoronando.