J. Isabel Chavarría Piña. (Hidalgo, México. 1955). Teniente coronel de Justicia Militar y licenciado retirado. Originario del estado de Hidalgo. Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Hidalgo, la Maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Licenciatura en Derecho Militar por convalidación de materias y curso de formación militar en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, obtuvo el Doctorado en la Universidad Ejecutiva del Estado de México y la Maestría en Administración en el Centro Universitario Iberoamericano de Estudios Profesionales.
Durante 25 años desempeñó diversos cargos en el servicio público en procuración e impartición de justicia entre ellos agente del Ministerio Público y fiscal en los fueros militar, federal y común, con actividades de investigación y combate a delitos de alto impacto y delincuencia organizada.
Es investigador, académico civil y militar reconocido, condecorado y galardonado nacional e internacionalmente en múltiples ocasiones, habiéndosele otorgado seis Doctorados Honoris Causa. Actualmente; asesor y litigante en diversas materias.
La supresión del cuarto poder en México
(SEGUNDA PARTE)
De acuerdo con el Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el país se define jurídicamente como una república representativa, democrática, federal y laica. El poder público se encuentra dividido legalmente en tres esferas: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Pero en la realidad actual, esto ya no es cierto, pues la sociedad informada observa con preocupación creciente que de facto se han suprimido los poderes judicial y legislativo, absorbiendo sus facultades un Estado cada vez más centralista, autoritario, absolutista y dictatorial.
A nivel metodológico e internacional, índices especializados clasifican el estatus del régimen político mexicano como que NO ESTÁ CONSTITUIDO FORMALMENTE NI OPERA BAJO UN ESTADO TOTALITARIO, ARBITRARIO O ABSOLUTISTA, PERO LO ES. Las preocupaciones de analistas y organismos internacionales no apuntan a un absolutismo clásico, sino a debilidades estructurales en el Estado de derecho, altos niveles de impunidad, la influencia de la delincuencia organizada y debates internos en torno a reformas de gran calado (como las electorales o la reestructuración del Poder Judicial) que la oposición e intelectuales catalogan a menudo como riesgos de centralización de poder. El reporte anual de International IDEA cataloga a México en el rango de «régimen híbrido», mostrando en sus métricas ligeras variaciones de avance o retroceso según el año de evaluación. Esto sitúa al país lejos del totalitarismo pleno (como el que se observa en dictaduras de partido único o control absoluto del Estado). Para lograr la misión de International IDEA (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral) y en pos de su visión, definen sus líneas de trabajo en sintonía con los desafíos y oportunidades del panorama de la democracia y la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, desarrollando conocimiento comparativo, ayudando en la reforma democrática e influyendo en las políticas, centrándose en seis líneas de trabajo: 1. Procesos electorales; 2. Construcción constitucional y Estado de derecho; 3. Evaluación de la democracia; 4. Participación y Representación política; 5. Cambio climático y 6. Digitalización. También abordan temas de Género y Democracia, así como el Dinero en política.
EL DEBATE CONCEPTUAL EN LA OPINIÓN PÚBLICA.
El uso de los términos de la consulta, suele aparecer en el debate político nacional bajo contextos específicos:
ABSOLUTISMO Y AUTOCRACIA: Diversos politólogos y columnistas en medios como El Financiero emplean de manera retórica la palabra absolutismo para criticar periodos donde un solo partido o el titular del Ejecutivo federal goza de amplias mayorías en el Congreso. Argumentan que esto diluye la función de los contrapesos constitucionales o de los organismos autónomos.
AUTORITARISMO HISTÓRICO: En la historia del siglo XX, el sistema de partido hegemónico (encabezado por el PRI) fue descrito por pensadores entre los que destacan Mario Vargas Llosa como la «dictadura perfecta» o un régimen autoritario moderado, debido a que, si bien había elecciones, los mecanismos de competencia no eran del todo equitativos.
ANTECEDENTES DE MONARQUÍAS ABSOLUTAS: Históricamente, México sí estuvo sujeto a regímenes absolutistas de manera formal únicamente durante la época colonial, tras combatir contra la Corona Española (siglos XVI al XVIII), y brevemente mediante experimentos monárquicos locales tras la Independencia, como el Primer Imperio de Agustín de Iturbide, exoficial del ejército español, tras combatir a Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga, mejor conocido como Miguel Hidalgo y Costilla y a José María Teclo Morelos Pérez y Pavón, también citado frecuentemente como José María Teclo Morelos Pavón y Pérez, comúnmente conocido como José María Morelos y Pavón en la etapa independentista de México.
Actualmente, a pesar de la polarización política y las profundas discusiones sobre el equilibrio de poderes, en México persisten los procesos electorales regulares, la pluralidad de partidos políticos y la libertad de expresión ciudadana, elementos incompatibles con un régimen totalitario o absolutista genuino.
Los Estados totalitarios, absolutistas y autoritarios por lo común han llegado a ese estatus, una vez que han conquistado mediante el poder de las armas a un pueblo o nación, procediendo a implementar las siguientes medidas; a. supresión del conocimiento, usos, costumbres, hábitos, cultura y todo lo que le de sentido de pertenencia, identidad y unidad, para lo cual procede a la destrucción de sus escuelas y bibliotecas; b. posteriormente implementa una nueva religión como medio de control social, al mismo tiempo que establece una nueva forma de educación que se identifique con el sojuzgamiento mental, educativo y cultural a favor del nuevo régimen; c. concomitantemente, somete a la hambruna a ese pueblo y a la falta de asistencia social, destacadamente de la salud y estableciendo una nueva fórmula de trabajo donde sea sometida la clase trabajadora; d. Por otra parte, la conquista también puede ser de carácter mental en donde implemente una nueva corriente política disfrazada como comunismo o socialismo., identificándolas como humanitaria donde todos tengan los mismos satisfactores, sin importar su condición educativa, laboral, física, mental y todo lo que era parte de su idiosincrasia antes de ser conquistados armamentística o mentalmente. A quien no se somete, simplemente lo segregan privándolo de su libertad personal y de su vida. Una vez establecido de esta forma el manejo del gobierno, por razones obvias se debe de aniquilar a las personas que se dediquen a criticarlo, Maxime si es identificado como periodista.
En el presente año, siete periodistas han sido asesinado; 1. JOSUÉ MARTÍNEZ CONTRERAS director del portal Noticias San Martín Texmelucan, el 16 de julio en Puebla; 2. FRANCISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR columnista y administrador de una página de análisis político, fue asesinado seis días después en Oaxaca; Además de ellos, los otros periodistas asesinados en México este año son 3. CARLOS CASTRO; 4. JUAN DAVID GÁMEZ; 5. ROXANA RIVERA; 6. LUIS ÁNGEL LÓPEZ y 7. ALEX SERNA.
Las víctimas habían denunciado previamente amenazas, sin que se tenga conocimiento de investigaciones al respecto, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien afirma haber detectado deficiencias en la adopción de medidas preventivas.
La llamada «ley mordaza» en México es un término crítico utilizado por opositores, periodistas y organizaciones civiles para referirse a diversas iniciativas y lineamientos gubernamentales que, bajo el argumento de regular los derechos de las audiencias o la ciberseguridad, son percibidos como intentos de censura y control de la libertad de expresión.
CONTEXTO RECIENTE.
NUEVOS LINEAMIENTOS DE TELECOMUNICACIONES: Sectores de la oposición y medios han señalado a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar regulaciones a medios electrónicos y cadenas informativas bajo el pretexto de los «derechos de las audiencias», lo cual, críticos consideran un mecanismo para presionar a medios críticos con sanciones económicas o la pérdida de concesiones. El oficialismo (Morena) ha rechazado este calificativo, defendiendo que solo se busca garantizar reglas claras y derechos para las audiencias reconocidos desde 2013.
REFORMAS ESTATALES (LEY DE CIBERSEGURIDAD EN PUEBLA): Se han aprobado polémicas reformas locales tipificando delitos en redes sociales y tecnologías de la información (como el Artículo 278 Decies del Código Penal de Puebla), criticadas como «leyes censura» al penalizar expresiones o insultos en internet, poniendo en alerta a activistas y periodistas sobre un posible uso arbitrario contra la libre crítica.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsa una nueva regulación para los medios de comunicación que ha generado críticas en la opinión pública y en organizaciones de defensa de la libertad de expresión. La propuesta del Gobierno mexicano es que la prensa digital, las emisoras de radio y los canales de televisión abran una instancia para recibir quejas de las audiencias. Esas reclamaciones luego podrán ser elevadas al regulador, controlado por el oficialismo, que podrá imponer multas a las empresas informativas de hasta el 1% de su utilidad neta por cada queja del público.
La nueva regulación, de salir adelante, implicaría un potencial frente para las cadenas de televisión españolas que se emiten en los sistemas de pago de México. Es el caso de Antena 3 y Televisión Española. El tema es que estas directrices van más allá y establecen la posibilidad de que se sancione por falta de información objetiva, por falta de información veraz, por mezclar opiniones con información y no señalar cuál es la opinión y cuál es la información, y una serie de cuestiones muy vagas, muy ambiguas que dan pie para que el Gobierno imponga sanciones a la prensa, denuncia Leopoldo Maldonado, titular de la ONG Artículo 19, en defensa de los periodistas. “No hace falta que sancionen a alguien. Ya con saber que puede ser sancionado con estos montos altísimos, evidentemente va a generar un efecto de autocensura”, advirtió.
INFORMACIÓN FALSA.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) reconoció que la propuesta no es de censura, pero incluye temas que preocupan. La entidad que agrupa a las empresas de radio y televisión de México dijo que las directrices son aún ambiguas y dan lugar a discrecionalidad por parte del Gobierno. Expresó además que “el proyecto permite al Gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada, desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias, quien queda subordinado a la autoridad”. El Gobierno quiere que los medios reciban quejas de las audiencias, que luego serán revisadas por las autoridades para imponer sanciones de 1%, lo que amenaza la viabilidad de muchas empresas informativas
La oposición ha cuestionado la propuesta al denunciar que el objetivo de Sheinbaum es evitar con esas medidas que los medios de comunicación señalen a los políticos del oficialismo sospechosos de tener nexos con el crimen organizado, al que encabeza su gobierno, al grado de haber sido señalado como narco gobierno, protector y cómplice de los carteles delincuenciales, a los que se impuso por parte de los Estados Unidos de Norteamérica el trato de narcoterroristas.
En este sentido, el caso más delicado para la presidenta es el del exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha, un aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador que debió separarse del cargo después de que la Fiscalía de Nueva York lo acusara de nexos con el crimen organizado. La cobertura del caso Rocha ha sido un golpe para la imagen del oficialismo. Según diversas encuestadoras, la imagen presidencial ronda el 60% de aprobación, un número consistente pero sometido a un proceso de erosión si se considera que hace un año alcanzaba el 75%.
Frente a las críticas, Sheinbaum ha defendido su propuesta: «Ya salieron todos a decir que hay censura y que pretendemos censurar. Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora, lo puedo asegurar.»
LA LEY MORDAZA EN MÉXICO.
En México no existe formalmente una ley con el nombre oficial de «ley mordaza», pero este término se utiliza en el debate público y político para referirse a distintas iniciativas o reformas que los críticos y partidos de oposición acusan de limitar la libertad de expresión, la sátira o la crítica al poder. El caso más reciente que ha reactivado esta denominación en las discusiones nacionales corresponde a la llamada «Ley Antimemes», cuya reforma fue aprobada en lo general por el Senado de la República a finales de septiembre de 2026 y turnada a la Cámara de Diputados, esta iniciativa modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, cuyo objetivo oficial de acuerdo con el Gobierno de México y los legisladores que impulsan la medida, busca castigar el uso indebido, imitación o reproducción a escala comercial de la identidad gráfica institucional, logotipos, dominios electrónicos o documentos oficiales de cualquier institución pública para cometer fraudes o engaños a la ciudadanía (como páginas web falsas o videos clonados con Inteligencia Artificial que simulan ser dependencias o funcionarios para extorsionar o robar datos).
LAS SANCIONES: Contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas que van de 1,000 a 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes utilicen estos elementos con fines ilícitos y de lucro.
LA POSTURA OFICIAL: La presidente Claudia Sheinbaum ha rechazado categóricamente que se trate de una ley para censurar memes, parodias o críticas políticas, aclarando que el humor y la sátira no son delitos y que la norma está dirigida estrictamente a perseguir fraudes comerciales y suplantaciones de identidad gubernamental.
LA POSTURA DE LA OPOSICIÓN Y CRÍTICOS: Partidos de oposición y organizaciones civiles advierten que la redacción del dictamen es ambigua. Temen que los vacíos legales o la falta de una exención explícita para el humor gráfico y la caricatura política puedan ser utilizados por las autoridades para intimidar o criminalizar a creadores de contenido, periodistas y ciudadanos críticos y que existen otros antecedentes denominados así en México, pues en el pasado, el mote de «ley mordaza» también se ha empleado coloquialmente para calificar otras propuestas normativas, tales como reformas relacionadas con los derechos de las audiencias y la regulación de los códigos de ética en los medios de comunicación y discusiones históricas en torno a la aplicación de tipos penales locales como el delito de ultrajes a la autoridad, los cuales fueron combatidos bajo el argumento de que inhibían la libre manifestación y el reclamo social.
Después de este breve análisis, nos preguntamos: ¿ESTAMOS ANTE LA SUPRESIÓN DEL PERIODISMO O CUARTO PODER?. Usted, amable lector tiene la respuesta.
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE CONSULTA:
- Alfonso Hurtado; Grandes Mexicanos Ilustres J. María Morelos; Dastin S.L. Ediciones y Distribuciones Promo Libro, S. A. de C.V.; México; 2003
- Diccionario Enciclopédico Larousse; Ediciones Larousse, S. A., México, D.F., 2004, P. 786
- https://www.google.com/search?q=periodistas+asesinados+por+sexenio+a+partir+de+1965
- https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Periodistas_asesinados_en_Mexico#Caracter%estadistica
- https://www.google.com/search?q=periodistas+asesinados+de+2018+a+la+fecha
- https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Periodistas_asesinados_en_Mexico//Caracteristicas
- https://www.idea.int/es/what-we-do
- https://www.google.com/search?q=estado+totalitario+arbitrario+y+absolutista+en+mexico
- https://www.google.com/search?q=ley+mordaza+mexico
- https://www.abc.es/internacional/sheinbaum-impulsa-ley-pone-jaque-libertad-expresion
- https://fundaciongabo.org/es/etica-periodistica/recursos/el-periodismo-etico-se-resume-en-5-principios
- https://www.google.com/search?q=periodista+del+area+politica
- https://www.google.com/search?q=periodista+de+nota+roja
J. ISABEL CHAVARRÍA PIÑA (9074083).
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CIUDAD DE MÉXICO A 7 DE OCTUBRE DE 2026