- El académico e investigador del Departamento de Derecho advierte tres ejes problemáticos
Pedro Rendón
La iniciativa de reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es “enormemente regresiva” y llega de manera tangencial, “porque estuvimos muy pendientes de que no hubiera una reforma constitucional en materia del árbitro electoral” (el Instituto Nacional Electoral, INE), consideró el Dr. José Luis Caballero Ochoa, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana
En un momento en que el ‘plan B’ de la reforma al INE está controvertido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resulta que los partidos políticos -salvo Movimiento Ciudadano- sí se pusieron de acuerdo para tener una reforma electoral en el tema de la justicia electoral, recordó Caballero, quien a grosso modo ve tres ejes problemáticos en la iniciativa de reforma al tribunal.
El primero, es el tema de las acciones afirmativas, que deja en manos de las y los legisladores todo lo que ya había avanzado la jurisdicción constitucional en materia electoral para poder garantizar la participación política en las candidaturas a grupos y personas tradicionalmente excluidos de la huella política: mujeres, discapacitados, transgénero, migrantes e indígenas.
Si bien la interpretación constitucional del tribunal electoral hecha en el pasado abrió espacios y permitió que hoy en día México cuente con mujeres gobernadoras y sea el cuarto país con más mujeres en las cámaras de representantes, la reforma al tribunal pretende dejar este control en manos del legislativo, “con reglas duras para establecer las acciones afirmativas; no al criterio del conocimiento de los casos”.
El segundo eje, es la imposibilidad de que el tribunal electoral conozca de temas sobre la disciplina interna de los partidos, cuando anteriormente el tribunal tenía clara competencia en la interpretación de los derechos político-electorales de todas y todos.
El tercero, restringe la interpretación “de una manera brutal”, no obstante que es muy amplia la interpretación de una norma de derechos humanos (a los que pertenecen los derechos políticos-electorales).
Y es que la iniciativa de reforma al tribunal electoral lo que hace es restringir la interpretación en materia de derechos humanos “a una expresión que es de un viejo cuño conservador. Me parece impresionante que ‘el ala progresista’ de la Cámara de Diputados vaya adelante con esto de una interpretación literal de la ley, es decir, buscar reducir brutalmente los márgenes de una interpretación constitucional”.