Victor de Regil
El 30 de marzo, inició los 60 días de campaña que se tendrá para elegir a los jueces y ministros del poder Judicial. Se trata de un proceso sumamente cuestionado no solo por expertos en la materia, sino también en el ámbito internacional.
La realidad es que, como en todo cambio, hay cosas buenas y malas y son, en este caso, las que se tratarán de analizar para entender este nuevo y complejo método para elegir a los que serán nuestros juzgadores.
Ciertamente, lo9 que aprobaron los diputados y senadores con la reforma al Poder Judicial, buscan limpiar y mejorar un sistema corrupto, por uno más justo, eficiente y honesto en beneficio de la sociedad.
Pero, el problema, es que ha habido más prisa por desmontar el viejo sistema, que disposición en entenderlo cabalmente y planear el mejor cambio posible. La realidad es que era imprescindible una reforma judicial, sin duda. Pero queda la sensación de que las formas y los tiempos que adquirió lo que hoy está en marcha, terminó siendo el desenlace de una disputa política entre las cabezas del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Da la sensación de que los legisladores actuaron más con el deseo de ofrecer una satisfacción final al ex presidente López Obrador, que de planear con responsabilidad una reforma de tanta trascendencia.
Recordemos que en 2018, la mayoría de los mexicanos votaron en favor de un cambio de régimen, pero esta decisión popular solo afectó al Poder Ejecutivo y, posteriormente, al Poder Legislativo. El sistema judicial había quedado intacto frente a esta voluntad de cambio. La concepción y las reglas de operación convertían a los jueces en un sistema cerrado, para unos cuantos.
Por si fuera poco, el Poder Judicial se convirtió en la trinchera para la defensa del sistema frente a un cambio político y social. Era inevitable un choque entre el impulso de cambio procedente de Palacio Nacional y la intención de detenerlo o matizarlo desde los tribunales. Las elecciones terminaron decidiendo. Así es que sí, era una asignatura urgente para la 4T.
Pero esta reforma nos lleva a una pregunta: ¿ayudará a impartir justicia con menos sesgos clasistas? Nada garantiza eso, pero el proceso mismo de someter a los jueces al escaparate de una campaña pública, permite exhibir los casos más flagrantes de corrupción, nepotismo y agendas impresentables. De alguna forma los jueces asumirán que en cada elección serán mostradas sus decisiones más polémicas o cuestionables. El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que habrá de valorar el desempeño de los miembros de esta comunidad, estará integrado a partir de una lista propuesta en partes iguales por los tres poderes. Esto rompe el monopolio de los jueces para juzgarse a sí mismos.
Pero existe un gran riesgo, que es el de someter a una elección popular tal número de posiciones (881 magistrados a nivel federal y casi 2 mil de orden local en 19 estados) con una concurrencia que se estima rondará un 15 por ciento del padrón electoral, nos deja vulnerables frente a la manipulación de grupos de interés. Los puestos federales dependen de los recursos económicos que apoyen a los candidatos y a compromisos frente a corporativos sindicales o privados capaces de movilizar el voto. Por su parte, los regionales pueden ser objeto de movilización de parte de políticos y crimen organizado. Esa amenaza existe y ciertamente el apresuramiento del proceso la aumenta. Esta primera experiencia tendría que ser valorada a fondo para ir mejorando la dinámica e introducir los candados pertinentes.
Otro problema que surge es el de alinear al Poder Judicial con el mandato de las mayorías para propiciar una subordinación de jueces y tribunales no solo a este objetivo social, sino también a la fuerza política que lo impulsa. Morena ha mostrado una lamentable tendencia a tomar a los aparatos del Estado como un instrumento para fortalecer sus propias causas partidistas en la disputa por el poder.
El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene una enorme responsabilidad para evitar que estos riesgos deriven en su peor versión y, por el contrario, para conseguir que la reforma termine validándose por sus resultados. Será un largo proceso, que apenas comienza.