·       La mitad de los hogares del menor nivel socioeconómico tiene inseguridad alimentaria, arroja la encuesta realizada por el EQUIDE

A pesar de que entre mayo y octubre disminuyó el desempleo e inició la recuperación en los ingresos, pudo darse un aumento en el porcentaje de la población en pobreza extrema al pasar de 7 al 13%, y en la población en pobreza de 42 al 51%, a causa de la pandemia de COVID-19.

 

 

Así lo señalan los resultados de octubre de la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19), realizada por del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la IBERO.

 

Estimaciones de ese instituto académico sugieren que fue en mayo (el momento de mayor desempleo y reducción de ingresos) cuando aproximadamente 10.6 millones de personas pudieron haber entrado en pobreza, y 9.2 millones en pobreza extrema.

 

Según el estudio, el mayor choque se observó en la dimensión de ingreso, pues hasta 22 millones pudieron haber caído en pobreza extrema por ingresos y 16.8 millones en pobreza por ingresos.

 

Durante la presentación, la Dra. Graciela Teruel, directora del EQUIDE, afirmó que el impacto negativo de la crisis ha sido muy grande afectando a la población en general y en particular a los más pobres, lo cual tendrá efectos importantísimos en la pobreza incluso arrastrando a gente que no se encontraba en esa situación.

 

“La brecha entre niveles socioeconómicos bajo y alto se va a acrecentar y esto va afectar sin duda la desigualdad y la inequidad en diferentes dimensiones de bienestar no sólo de ingreso”.

 

Sin embargo, dijo que aún se está a tiempo de intervenir y prevenir la caída de las personas en mayor situación de vulnerabilidad, pero para ello es recomendable, entre otras cosas, llevar a cabo transferencias de ingreso a los hogares.

 

En su intervención, el Dr. Rafael Pérez Escamilla, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, resaltó que urge tener en México una estrategia a nivel federal para apoyar a las familias pobres a prevenir y combatir la inseguridad alimentaria entre los más vulnerables.

 

Por ello, dijo, el equipo colaborativo de investigación del EQUIDE y la Universidad de Yale hace varios meses estimó y publicó los costos para una serie de acciones que son rentables para el gobierno de México y que son muy compatibles con el Pacto por la Primer Infancia y la Oficina de UNICEF de México.

 

Tras ello, enunció algunas recomendaciones en apoyo a las familias, entre las que se encuentran la transferencia de ingresos de aproximadamente un salario mínimo por mes para familias que dependen del sector de la economía informal, mismo que es un porcentaje muy alto de la población.

 

Según Pérez Escamilla, esto permitiría a las familias seguir las recomendaciones de distanciamiento social para contener la pandemia, ya que de lo contrario las familias pobres no pueden adherirse a las recomendaciones porque si no trabajan no tienen para comer.

 

Otra de las recomendaciones trata sobre proveer a estas familias con un subsidio para cubrir sus servicios básicos como renta, agua, gas, luz e incluso internet para que éstos no sean desactivados por falta de pago. De no ser así, las familias tendrán que seguir sacrificando su seguridad alimentaria para cubrir estos costos, dice el especialista.

 

Pérez Escamilla explicó que se estima que aproximadamente 4.5 millones de hogares mexicanos podrían ser elegibles para la transferencia y subsidio de servicios. El costo mensual estimado de transferir un salario mínimo a cada familia sería de 715 millones de dólares. El costo de subsidios de servicios básicos sería de 92 millones de dólares, es decir, el total de ambas acciones, mensualmente, sería de 800 millones de dólares que corresponden a menos del 0.6% del PIB de México y el país tiene los recursos para hacerlo, sólo falta voluntad política para llevarlo a cabo, sentenció.

 

Otro de los presentadores fue el Dr. Gerardo Esquivel, del Banco de México, quien coincidió con Pérez Escamilla en propuestas como la implementación de un seguro de desempleo a un segmento de la población que trabaja en la formalidad y al perder sus ingresos tuviera con ello la capacidad de obtener al menos una parte de estos ingresos y reducir algunos problemas de salud, de seguridad alimentaria o ansiedad.

 

Una posibilidad distinta, continuó Esquivel, son los programas focalizados como los que se pusieron en marcha en otros países, no tanto en términos de grupos sociales, sino dirigidos a ciertos sectores particularmente afectados, como el de turismo o el de alimentación, el pago de rentas en restaurantes y otros tipos de locales, o bien apoyos con pago de nóminas.

 

Respecto a resultados en materia de salud, la encuesta señala, entre otras cosas, que los síntomas de ansiedad y depresión son mayores entre la población de menor nivel socioeconómico: en octubre, 34% de las personas de menor nivel socioeconómico presentaban síntomas severos de ansiedad; mientras que sólo 23% de aquellas de mayor nivel socioeconómico los tenían.

 

Al respecto, la Dra. María Elena Medina Mora dijo que “tenemos que aprender, pero al mismo tiempo también saber, que si nada más atendemos la enfermedad mental no va a ser suficiente porque los determinantes sociales más importantes -pobreza y violencia- se han incrementado. Entonces tenemos que trabajar también sobre los determinantes sociales, y es muy interesante que la ENCOVID-19 octubre junta estas dos dimensiones”.

 

Por otro lado, el documento también consigna que, después de una reducción sostenida en los niveles de seguridad alimentaria (hogares que no reportaron preocupaciones o dificultades para acceder a alimentos) entre abril y julio; en agosto y octubre este indicador aumentó de 27 al 32%.

 

En el tema del ingreso, la encuesta registra que la reducción de los ingresos de los hogares ha sido acompañada de un aumento en el uso de estrategias para satisfacer sus necesidades, a veces a costa de reducir su patrimonio.

 

Sobre el tema, la Dra. Nora Lustig, de la Universidad de Tulane, comentó que la respuesta de México en términos macroeconómicos ha sido muy tímida, pues es el país que a nivel mundial menos ha gastado adicionalmente para implementar una política anticíclica que reduzca el impacto sobre la actividad económica, el empleo y los ingresos de las personas. Cuando se le compara con el promedio mundial, resalta que México ha aumentado su gasto por debajo del 1% cuando el promedio en el mundo ha aumentado en 6% como proporción del Producto Interno Bruto, lo cual tiene un impacto sobre los niveles de vida.

 

En la presentación de los resultados, en la que participaron tanto UNICEF como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, A.C., se mencionó que la ENCOVID-19 octubre incluyó mil 674 entrevistas vía teléfono móvil a personas de 18 años o más, en las 32 entidades federativas contactadas entre el 8 y el 22 de octubre.

 

La selección de los números telefónicos fue aleatoria a partir del Plan de Marcación Nacional más reciente disponible al inicio de cada levantamiento. La muestra es representativa a nivel nacional y tiene un diseño probabilístico, unietápico y estratificado por entidad federativa.

 

La Universidad Iberoamericana, A.C., a través del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), presenta los resultados correspondientes a octubre de 2020 de la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares

Mexicanos (ENCOVID-19). La ENCOVID-19 es una encuesta representativa de la población mexicana que busca estudiar los impactos de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 en el bienestar de los hogares. La ENCOVID-19 es posible gracias al apoyo de UNICEF México y la Universidad Iberoamericana, ambas comprometidas con la generación de información relevante para mejorar la atención de la población que más está sufriendo las consecuencias negativas de esta crisis sanitaria, económica y social.