Victor de Regil
En todo el país y, sin duda, también en Puebla, la lucha contra la delincuencia, en general, es interminable. Las estrategias de seguridad pública siempre estarán inacabadas y deberán renovarse y fortalecerse permanentemente. El combate en Puebla contra la extracción ilegal de ductos de combustible, que pasan por campos de cultivos, el llamado huachicoleo, ha generado desde hace al menos tres lustros una industria y todo un submundo criminal. Contra eso es la pelea a diario.
Y aunque el presidente López Obrador ha dicho una gran cantidad de ocasiones que el problema se ha terminado, la realidad es otra, pues no solo no se ha logrado disminuir el número de tomas clandestinas, sino que, además, algunas bandas criminales han cambiado su “giro” a robo de gas LP.
Y es que, la ordeña de ductos, como también se le conoce coloquialmente, generó, desde 2005, cuando comenzó más subrayadamente, a su auge en el estado de Puebla, entre 2010 y 2019, verdaderos imperios delincuenciales.
El crecimiento durante el morenovallismo fue exponencial, pues de acuerdo con datos oficiales, las tomas clandestinas en territorio poblano pasaron de 120 en 2012, a mil 533 en 2016, una diferencia astronómica.
Recordemos que gobernaban entonces el país el priísta Enrique Peña Nieto y el estado el panista Rafael Moreno Valle.
La colusión de las autoridades fue, entonces, determinante. La inercia perversa ha prevalecido por todo el territorio nacional.
Aun ahora hay fluctuaciones al alza en el estado. El tema es complicado y no se ve a la vista una salida pronta.
Incluso, en días pasados, lo describió el gobernador Miguel Barbosa en su conferencia mañanera. Se trata de conseguir una alta coordinación, en la confluencia de responsabilidades, entre las fuerzas federales, estatales y municipales.
El gobierno del estado, dijo el mandatario, no ha dejado de luchar contra estas bandas. Pero se trata de un cáncer muy añejo, con tumores profundos y difíciles de extirpar al menos en el mediano plazo.
“Todos los días hay detenciones. Lo demás lo vamos a corroborar y sí, es muy lamentable que fuera cierto esto y lo vamos a considerar”, dijo sobre datos que ubican a la entidad en el tercer lugar nacional en este delito.
Las cifras las dio a conocer el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) y, efectivamente, se tendrán que validar pero son verdaderamente alarmantes y hay mucha reocupación al respecto.
El asunto tiene incluso una complejidad logística y jurídico-procesal en su combate. Ciertamente trata de un delito federal, pero en el que también se han involucrado todos los niveles de gobierno, incluido el Ejército.
Pero tiene incidencias y la comisión de delitos del fuero común también. A la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Guardia Nacional (GN) les corresponde estrictamente el tema del huachicol, principalmente en la zona de nuestro Estado conocida ya como el “Triángulo Rojo”, conjunto de municipios en los que ha crecido exponencialmente el problema y, con ello, la violencia.
Pero lo que respecto a las fuerzas estatales les toca el desmantelamiento de bandas. A las policías municipales les corresponderían, en todo caso, los delitos colaterales del fuero común: transportación, hechos de violencia y otros.
Tres niveles de fuerzas de seguridad involucrados.
De ahí, también la necesaria participación, de acuerdo con sus competencias, de las fiscalías General del Estado (FGE) y General de la República (FGR).
De ahí la complejidad. Por ello este tema es del día a día. Sin flaquear.