Víctor de Regil
El arranque formal del proceso electoral intermedio de 2027 en Puebla, programado por la autoridad para noviembre de 2026, no ha traído sorpresas, pero sí una profunda confirmación de nuestros peores hábitos políticos. Mientras el Instituto Electoral del Estado (IEE) da el banderazo de salida a una contienda de dimensiones colosales que renovará el Congreso local, con sus 41 diputaciones, y las 217 alcaldías de la entidad, las voces que denuncian una flagrante falta de «piso parejo» resuenan con una fuerza difícil de ignorar.
No se trata de quejas menores ni del clásico pataleo de quienes se saben de antemano en desventaja; estamos ante una advertencia seria y unánime de académicos, politólogos y liderazgos civiles sobre el progresivo deterioro de la salud democrática de nuestro estado y en general el país.
La raíz del problema radica en una simulación institucional que se ha vuelto costumbre en el ecosistema poblano. Desde hace meses, las principales fuerzas políticas, con Morena y el PAN, han disfrazado de «organización interna» lo que a todas luces representa una campaña adelantada y sistemática. Bajo el cobijo de supuestas coordinaciones estatales, distritales y municipales, los aspirantes han recorrido el territorio poblano tapizando calles con espectaculares, pintando bardas y saturando el debate digital con un proselitismo agresivo que desafía el espíritu de cualquier ley electoral. La estrategia es tan evidente como cínica: posicionar nombres de manera anticipada, gastar cuantiosos recursos difíciles de fiscalizar por las vías ordinarias y asegurar ventajas competitivas que resultarán irreversibles cuando finalmente se llegue a los plazos legales de precampaña establecidos del 19 al 28 de febrero de 2027.
Frente a este escenario de abierta transgresión, la figura del árbitro electoral local queda severamente mermada en su credibilidad. Académicos de diversas instituciones de educación superior han señalado al IEE como una entidad omisa frente a este proselitismo anticipado. La demoledora crítica de que la autoridad electoral «deja pasar todo» no es una exageración retórica; refleja la realidad de un organismo central que parece paralizado o desbordado ante las estructuras partidistas.
Si el árbitro institucional se muestra débil en la antesala de la elección, ¿con qué legitimidad moral o capacidad operativa pretenderá sancionar las violaciones graves cuando las campañas oficiales arranquen formalmente del 4 de mayo al 2 de junio de 2027? Un árbitro percibido como débil no solo permite el juego sucio, sino que actúa como un catalizador implícito para que los jugadores sigan rompiendo las reglas bajo la premisa de la impunidad absoluta.
La equidad en una contienda no es un adorno discursivo ni un concepto negociable; es la condición indispensable para que el resultado de las urnas mantenga su paz social y sea aceptado por el conjunto de la población.
En Puebla, el panorama para las fuerzas minoritarias, las candidaturas independientes y los nuevos partidos políticos es asfixiante. Competir contra maquinarias gubernamentales volcadas a la continuidad o contra estructuras tradicionales hipertrofiadas que llevan un año en campaña es una batalla perdida desde el diseño mismo del proceso. Si las elecciones de 2027 se convierten en un mero trámite administrativo para validar los acuerdos tomados en la opacidad del proselitismo anticipado, la democracia poblana habrá dado un peligroso paso hacia atrás, transformando la participación ciudadana del próximo 6 de junio de 2027 en un simple escenario de simulación decorativa. Es urgente que el IEE asuma su papel constitucional y garantice la igualdad de condiciones; de lo contrario, el proceso nacerá viciado y el voto ciudadano perderá su valor transformador.