Gustavo Monterrubio Alfaro
La espiral de violencia que crece sin cesar, desde que Calderón declaró la “guerra al narcotráfico“, obligó a los sucesivos gobiernos a improvisar diversas acciones que no han tenido éxito, excepto en el discurso e informes oficiales.
Cada vez es más difícil y costoso para los ciudadanos soportar la descarada impunidad con la que actúan las organizaciones criminales, las pandillas y los delincuentes autónomos; es tal la desesperación del pueblo por la ineptitud gubernamental, que han ocurrido linchamientos en diversos lugares del país, casos en los que el gobierno reacciona con sospechosa celeridad contra los que toman la justicia en sus manos, premura que no observamos cuando se trata de criminales que queman negocios, incendian automotores, portan armamento prohibido, extorsionan, asesinan, secuestran, roban, asaltan, trafican, roban al erario, etc.
La misma estrategia adoptó el gobierno con las autodefensa surgidas en Michoacán, que lograron limpiar comunidades, pueblos y ciudades de criminales, y en lugar de alentarlas para que coadyuvaran en la construcción de paz, de inmediato se dio a la tarea de desmovilizarlas y desarmarlas, y en su lugar creó la Policía Rural Estatal, o sea, armó a los criminales: “ahora somos gobierno”, presumían éstos.
El Dr. Mireles, QEPD, fue encarcelado y Juan José Farías, alias el Abuelo, por ahí anda todavía, haciendo de las suyas.
El único pueblo donde logró subsistir la autodefensa, la llama Ronda Comunitaria, es Cherán; otras comunidades de la Meseta Purépecha intentaron emularla, sin el éxito de los cheranenses, que mantienen la cabecera municipal libre de criminales, de partidos políticos y de políticos profesionales, en paz y progresando.
Lo mismo observamos en la castrada administración de la justicia, cuando en un hambriento que robó un mendrugo de pan, se ceba el corrupto juez que le impondrá un castigo ejemplar, en cambio, antes que nada buscará minuciosamente fisuras e inconsistencias en las leyes y procedimientos para liberar a criminales de cuello blanco y gris, o sea, respetables delincuentes de alcurnia o simples plebeyos.
Cualquiera puede montar un negocio de extorsiones, secuestros, asaltos, robos, tráfico de todo lo traficable, fraudes, etc., más fácilmente que un giro comercial, por extensión, ningún negocio ilegal funciona sin la protección, connivencia y complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno
La afectación a la economía es incalculable, por la inversión en seguridad privada, el costo por el cierre de empresas y negocios, los desplazamientos forzados de grupos sociales, la tala clandestina, las actividades económicas controladas por criminales, la economía subterránea por donde circulan artículos robados y productos de consumo que no cumplen las normas oficiales, la siembra de productos legales en predios irregulares, las hectáreas dedicadas a la siembra de cultivos ilícitos, porque no son sólo las frutillas y el aguacate los que reducen las hectáreas de cultivo para sembrar productos de primera necesidad, de los que somos importadores netos, etc. En suma, estos costos se trasladan al consumidor final, o sea, los pagamos todos los mexicanos.
No conozco estudios que estimen el impacto en el Indice de Precios al Consumidor de las operaciones del crimen organizado y desorganizado. Claro, es difícil hacerlo, pero no imposible.
Hace dos o tres años visité Coatzacoalcos y caminé más de un kilómetro del abandonado malecón en ruinas, mas bien, del cúmulo de escombros que observé; lo que encontré fueron locales abandonados y semiderruidos, algunos con huellas de daños intencionados, llenos de inmundicia y habitados por fauna nociva, y perdidas entre la devastación, una pequeña tienda de abarrotes y a cientos de metros una solitaria lonchería. Por cierto, entonces se realizaban obras de remozamiento frente a la escollera, el punto donde se mezclan las aguas del Golfo de México y las del Río Coatzacoalcos, que unos dos o tres meses después inauguró AMLO, al que seguramente evitaron que se percatara que su flamante obra para el desarrollo del puerto, era chocante entre la destrucción y la desolación. Hasta la fecha, me sigo preguntando, ¿para qué esa inversión, en un lugar en ruinas? Como desde entonces no he regresado al puerto, ignoro si ya se recuperó la actividad comercial o sigue el desolador panorama de abandono y suciedad. Por supuesto que el cierre de negocios se debió a las cuotas impagables que les impuso el crimen organizado.
Las acciones que ha emprendido el gobierno federal ya se han aplicado y los resultados han sido pobres, en el mejor de los casos. El Operativo Enjambre y la despistolización; dejo de lado los programas sociales y la creación de oportunidades de desarrollo atractivas para los jóvenes, porque no existen cifras fiables de los jóvenes que no se enganchan en actividades peligrosas, porque eligen estas opciones.
La primera fue aplicada en el Estado de México, gobernado por una morenista, como plan piloto y dio algunos resultados, con presidentes municipales, directores de seguridad municipal y otros funcionarios arrestados (Una presidenta y un suicidado, entre ellos.), por estar presuntamente al servicio de organizaciones criminales.
Espero que no salte por ahí un juez corrupto de los que abundan y otorgan amparos como si repartieran caramelos en Halloween, que descubra “violaciones graves al debido proceso”, tales como faltó un punto y coma aquí, hay una coma de más allá y el punto y seguido del párrafo sexto, debió omitirse, que arruine el plan.
Además, me permito proponer nuevamente que se hagan las reformas pertinentes para que los jueces que liberen a delincuentes de alcurnia (cuello blanco) y delincuentes plebeyos (crimen organizado y desorganizado) con leguleyismos y huizacheadas sean corresponsables de los delitos que cometan éstos una vez liberados y se les imponga 50 por ciento adicional a la sanción imputable al infractor.
En mi opinión, el objetivo primordial es hacer rodar cabezas de turco, o sea, ponerlos de ejemplo de lo que le puede pasar al resto si no regresa al sendero del bien. Esta acción ha sido aplicada para tratar de frenar la corrupción, aunque en no pocos casos era más para eliminar competidores políticos o por vendettas, que para combatir la corrupción, obviamente no se logró el objetivo planteado.
El plan combina discreción, inteligencia, operatividad y coordinación, y ataca el problema desde la raíz, el municipio; por ser la autoridad más cercana a la gente, es obvio que sea el primer objetivo a controlar por los criminales, ¡perfecto!, pero ¿se aplicará en los 2,478 municipios?, de los cuales se pueden contar con los dedos los que están libres de nexos con el crimen organizado y de corrupción. ¿Se aplicará en forma aleatoria o en municipios de mayor incidencia delictiva, donde la ciudadanía lo exija o dónde sea rentable políticamente? ¿Existen garantías de que no ocupen los cargos vacantes, otros iguales o peores?
De la segunda, esta es la enésima campaña de despistolización que emprende el gobierno federal, sin contar otras tantas que han implementado los gobiernos estatales. La que se documenta por primera vez con la acepción ‘incautación de armas efectuada por las autoridades para evitar una situación social de violencia’, es en 1929, en la nota de prensa anónima, publicada en El Informador (Guadalajara).
Tal vez desde entonces casi en todos los sexenios se han implementado campañas de incautación de armas, y en sexenios recientes se ha ofrecido canjearlas por artículos domésticos, juguetes y dinero. ¿Qué se logra con estas acciones?, que algunas personas se deshagan de artefacto hechizos o inservibles, unos cuantos porque temen que una arma en casa pueda provocar tragedias lamentables, en cambio, quien adquirió una arma para defenderse o hacer daño, no la cambiará por nada, y algunas personas las canjean para adquirir una mejor; esperar que los delincuentes acudan voluntariamente a los módulos de recepción a entregar sus armas, es de risa, aunque la iglesia, las once mil vírgenes y el guerrero Santo Santiago, intercedan.
No he tenido noticias de que se hayan llevado a cabo campañas de incautación de armamento de las organizaciones criminales, siempre han sido los ciudadanos el objetivo, ¿será porque el gobierno le teme más al pueblo que a los delincuentes? ¿O la mimesis es tan perfecta que ya no es posible distinguir quiénes son los buenos y cuáles los malos? Salvo en un pequeño detalle: los criminales con fuero ocupan cargos públicos.
Una campaña de incautación de armas tendrá efectos importantes en la construcción de paz, cuando se aplique a los miembros de organizaciones criminales, pandillas y delincuentes que actúan por la libre, porque desarmar al pueblo es entregarlo como cordero al sacrificio, ante la escalada de violencia que no sólo no cesa, sino alcanza ya niveles de explosión social.
¿De qué sirve el desarme voluntario, que reunirá unas miles, cuando ingresan de Estados Unidos anualmente, según estimaciones del gobierno mexicano, alrededor de 200 mil armas?
Mientras el gobierno norteamericano, lo afirmo por enésima vez, se beneficie del lavado de dinero y del trasiego ilegal de armas, ningún programa y estrategia detendrá la violencia.
Reitero por enésima vez también que mientras los norteamericanos ponen la diversión y los muertos por exceso de placer, los mexicanos ponemos los muertos, las fosas clandestinas, los desaparecidos, lisiados, la destrucción de patrimonios y vidas, el éxodo de inocentes y pobres, en suma, la destrucción del tejido social.
En este contexto, México debe exigir a Estados Unidos que ataque a las organizaciones criminales anglosajonas e italianas y de otras minorías raciales endógenas, frene el trasiego ilegal de armas hacia México, combata el lavado de dinero en su territorio e instrumente programas de rehabilitación de drogadictos y contención del mercado de estupefacientes, entonces, cuando Estados Unidos demuestre que está cumpliendo con la parte que le corresponde, México estará obligado a hacer lo que le compete en el territorio nacional.
Los mexicanos tenemos derecho a tener armas en casa para la defensa personal. En la Constitución de 1857, en el artículo 10 se estableció que, “Todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa. La ley señalará cuáles son las prohibidas y la pena en que incurren quienes las porten.”
En la Constitución vigente, en el artículo 10 se establece que “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para uso de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.”
En virtud de la irrefrenable violencia que lacera a la sociedad y la proverbial incapacidad gubernamental para contenerla o reducirla, me permito proponer que se reforme la Constitución y se retome lo dispuesto en la Constitución de 1857: el derecho de las y los mexicanos para poseer y portar armas.
Y que en la Constitución se establezca que quien haya lesionado o eliminado a uno o varios delincuentes en legitima defensa, lleve el proceso en libertad y aplique la supremacía jurídica, y sea el delincuente el responsable de los gastos y costas del proceso y de los servicios médicos y de rehabilitación de él y del ciudadano, si los requiriese éste, si prueba que actuó en defensa de su persona, de su patrimonio, de su familia y de su honor.
Porque si el Estado no cumple con la obligación de brindarnos seguridad, tenemos el legítimo derecho a defendernos, con lo que sea y como sea.
Se me puede objetar que sin una base de datos de las armas en posesión de particulares, su uso podría alentar la impunidad y los hechos violentos podrían dispararse, entonces que el registro sea voluntario y quien no lo realice y se le encuentre en posesión de una arma, se le confisque hasta que cumpla el trámite y se le imponga una multa de conformidad con su capacidad económica.
Dos preguntas, ¿de qué sirve la base de datos, si existe, de las y los que han obtenido permiso para portar armas? ¿Qué utilidad tiene el registro de armamento, si existe, asignado a guaruras, empresas de seguridad privada, policías y militares?
Abundan videos en las redes sociales de delincuentes que huyen despavoridos al escuchar detonaciones de armas de fuego, realizadas por la víctima, y motoladrones (motochorros, les llaman en Sudamérica) al ser embestidos por automotores, y de lo violento y abusivos que son cuando agreden a alguien paralizado por el miedo, incluso de mujeres y hombres que evitan ser asaltados cuando resisten, sin más recursos que su valor y arrojo, esta es la diferencia entre estar a merced de los delincuentes y traer con qué defenderse o saber cómo enfrentarlos.
¿Es posible aplicar el programa de Nayib Bukele en México? Sí es posible, con las complejidades particulares, la más relevante, compartir tres mil kilómetros de frontera con el principal generador de violencia doméstica y mundial, a lo que hay que sumar que Trump es un tipo voluble e inestable mentalmente, lo que potencia los riesgos.
La operación fue exitosa en un país con 6 millones de salvadoreños, ¿será posible aplicarla exitosamente en una población de 132 millones de mexicanos? Yo creo que sí.
Otro problema no menor es una oposición que se opone a todo, especialmente lo que prevenga del gobierno morenista o se vincule a AMLO.
Otra limitante es la escasa capacitación, bajos salarios, pésimo equipamiento, inseguridad laboral, relajada disciplina y ausencia de valores de los elementos policíacos. Basta escucharlos hablar para temblar al enterarnos en manos de quien está nuestra seguridad. En estas condiciones nadie se sorprenda por qué son presa fácil de las organizaciones criminales.
Los militares no cantan mal las rancheras, arrastran una larga cauda de abusos y excesos, y lo más importante, no han probado ser inmunes a la corrupción, no obstante, los negocios que les han sido concesionados.
China peleó dos guerras para liberarse de las garras del opio, la de 1839 a 1842, contra Inglaterra y la de 1856 a 1860 contra Francia e Inglaterra, entonces tenía más de 300 millones de habitantes. Claro, es una cultura y sociedad diametralmente opuesta a la nuestra, pero creo que podemos hacer las cosas buenas, tan bien como ellos.
Mantiene vigente la pena de muerte para criminales y corruptos. Liu Liange (banquero), que fue condenado a pena de muerte por sobornos y corrupción, era descrito como una persona con una conducta «moralmente corrupta«. (RT 26 dic 2024 02:29 GMT)
En el 2020, un canadiense, Xu Wehiong, fue condenado a muerte por fabricar Ketamina y su cómplice chino, Wen Gangxiong, recibió la cadena perpetua. (RT 6 agosto 2020 19:37 GMT)
El empresario chino Zhao Zhiyong, de 49 años, fue ejecutado este martes en la provincia de Henan, en el centro del país, por abusar sexualmente de 25 niñas, informa South China Morning Post. (RT 5 jun 2019 22:35 GMT)
Se le podría solicitar asesoría a China como se la brindó a el Salvador, y hasta podría financiar el programa, supongo.
Lo que los asesores propondrían, sería más o menos lo siguiente: primero, limpiar el poder judicial de juzgadores al servicio del crimen organizado y desorganizado, depurar el aparato policíaco y militar de elementos al servicio de los malos, hacer lo mismo en los poderes ejecutivo y legislativo, excluir a los que protejan criminales, segundo, crear un grupo élite con la tecnología, capacitación, equipo, percepciones y estímulos en línea con el riesgo y las exigencias, tercero, construir megacarceles distribuidas estratégicamente por todo el territorio nacional, y decretar el estado de excepción temporal que proteja a las autoridades involucradas, para evitar maniobras jurídicas que frenen o aniquilen el plan, cuarto, lanzar toda la fuerza del Estado contra los criminales, como las redadas serán masivas, en este maremágnum algunos inocentes serán atrapados, lo que es inevitable en una acción de tal envergadura, exceso que se corregirá con el tiempo, cuando las gangas ya no tengan el control sobre la comunidad y el aparato del estado.
Los tres poderes deben funcionar de manera sincronizada, en la misma sintonía y dirección, para garantizar el éxito del plan.
Hay que lidiar con organizaciones “defensoras” de los derechos humanos, financiadas por gobiernos y mecenas que las usan para imponer su agenda, y manipular el tema para promover sus intereses.
Esto es más o menos lo que aplicó Bukele en el Salvador, los resultados son innegables, lo que parecía imposible, fue posible, sólo se necesitó la comprensión, paciencia y participación del pueblo, determinación de las autoridades gubernamentales y la asesoría y el financiamiento adecuado.
Es una perogrullada, pero es necesario plantearla: si el gobierno no logra reducir los indicadores de violencia a niveles tolerables, sino por el contrario, siguen incrementándose, difícilmente ocupará el decimo lugar entre las economías del mundo.
¿Podríamos las y los mexicanos hacer que el plan funcione? ¿Nos creemos capaces de cambiar y mostrarle al mundo, como han hecho otros, que ¡SI SE PUEDE!?
Sí, por supuesto, es un plan ambicioso, peligroso y complejo, pero no es menor el gravísimo problema que está matando lentamente el marco axiológico y está alcanzando el peligroso límite del estoicismo azteca.