Victor de Regil
En una de las arremetidas más profundas del Estado contra la narcopolítica local, el denominado ‘Operativo Enjambre’ ha provocado un auténtico terremoto político en Puebla. Entre marzo de 2025 y las primeras semanas de octubre de 2026, la estrategia nacional coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha sumado la detención de siete presidentes municipales en funciones y bajo investigación, evidenciando una severa penetración de los carteles de la droga y las mafias regionales en las estructuras de gobierno más próximas a la ciudadanía.
Las operaciones más contundentes tuvieron lugar a inicios de septiembre de 2026, cuando un despliegue masivo y simultáneo de las fuerzas federales tomó por sorpresa a las corporaciones de seguridad en los municipios de Esperanza y Tepeyahualco. Los golpes, ejecutados sin dar aviso previo a las instancias municipales para evitar filtraciones, concluyeron con el aseguramiento de los ediles titulares, dejando al descubierto intrincadas redes delictivas que operaban con total impunidad bajo el amparo institucional.
Uno de los objetivos prioritarios del operativo fue Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza y militante de Morena. Rodríguez Ochoa fue capturado tras la ejecución coordinada de 23 cateos simultáneos en viviendas y oficinas del Ayuntamiento. La Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) señalan al mandatario local, junto a su hermano Manuel y la exdirectora de Seguridad Pública municipal, Abigail ‘N’, como los líderes aparentes de una poderosa célula delictiva. Este grupo controlaba de forma casi exclusiva el robo al autotransporte de carga, extorsiones a comercios y secuestros en el conflictivo tramo carretero que conecta a los estados de Puebla y Veracruz.
Paralelamente, las fuerzas especiales capturaron a Said de Jesús Godos, presidente municipal de Tepeyahualco de Movimiento Ciudadano. De acuerdo con las indagatorias federales y los reportes integrados por la Guardia Nacional, Godos Luna enfrenta cargos relacionados con la planeación y facilitación de secuestros exprés, así como con la protección a bandas dedicadas al despojo violento de vehículos comerciales de mercancías. Ambas detenciones confirmaron la tesis de la federación: las administraciones locales no eran víctimas colaterales, sino operadoras logísticas de la delincuencia organizada.
Durante las intervenciones tácticas en la región de Esperanza, el saldo material puso de manifiesto el poder de fuego de la organización criminal. Se decomisó un arsenal de alto impacto compuesto por 35 armas de fuego, entre las que destacan dos fusiles de alta potencia tipo Barret capaces de perforar blindajes. Además, se aseguraron 11 vehículos, cuatro de ellos con blindaje especializado de fábrica y una patrulla artesanal provista con torreta, equipo táctico de uso exclusivo militar, drones de vigilancia y modernos inhibidores de señal satelital, aparatos utilizados para neutralizar los rastreadores GPS de los trailers robados en las autopistas.
La onda expansiva del operativo no se ha detenido. Reportes periodísticos confirmados a inicios de octubre de 2026 informaron que las agencias federales ampliaron su perímetro de investigación hacia la Mixteca poblana. Los presidentes municipales David Velázquez Sandoval (Chietla), Gonzalo Torres Cardoso (Tehuitzingo) y José Santiago Benítez (Chila de la Sal) fueron colocados bajo estricto registro de detención y resguardo ministerial por las autoridades correspondientes. Fuentes cercanas al gabinete de seguridad nacional confirmaron que las líneas de investigación también se extienden con fuerza sobre exalcaldes de la Sierra Norte y diversas regiones del sur del estado por presunta colusión y omisiones graves ante la criminalidad.
El ‘Operativo Enjambre’ forma parte de una política de seguridad nacional implementada por el Gobierno de la República para limpiar las corporaciones locales de raíz. A nivel de todo el país, esta iniciativa ya acumula más de 111 funcionarios públicos procesados penalmente, destacando golpes similares en entidades federativas como el Estado de México, Chiapas y Tabasco. Con estas capturas en territorio poblano, el Ejecutivo Federal envía un mensaje inequívoco: no habrá blindaje partidista ni inmunidad política para aquellos gobernantes que decidan traicionar la confianza de las urnas y poner las instituciones al servicio de la delincuencia.