Carlos Ravelo Galindo, afirma:
A propósito del aniversario de nuestra revolución, y de las tres garantías, nos recuerdan hoy que a 200 años admite la Iglesia la libertad de cultos.
Y nos consultan:
“Así como la Guerra de Independencia comenzó en 1810 y terminó en 1821, la Revolución comenzó en 1910 pero no sé cuándo terminó. Por favor ilústranos”.
Seguimos en ella. Pero más tranquilos montados en la 4T.
“El camino de la igualdad nació en Dolores y se ratificó en Iguala, pero -acusan los prelados- ha tardado en cumplirse en una sociedad afectada sensiblemente por la desigualdad”.
Por ello proponen que 2021 sea “el año que señale el verdadero compromiso de los mexicanos por convertir a nuestra Nación en un país y en una sociedad ¡por fin! verdaderamente justos e igualitarios”.
Porque -aceptaron- hoy más que nunca la justicia “clama al Cielo frente a los fenómenos de violencia, división, abuso del poder y corrupción visibles por desgracia en todas las capas de la sociedad mexicana incluyendo -hay que confesarlo- nuestra propia Iglesia”.
Mea culpa.
Y quien mejor para explicarlo que el experto José Antonio Aspiros Villagómez, quien también envía nuestro aplauso al Ejército y la Marina por su brillante participación en el festejo del Bicentenario de la Independencia, donde se notó la ausencia de España.
Independencia, religión y unión fueron hace 200 años las tres garantías contenidas en el Plan de Iguala y por las cuales se llamó Trigarante al Ejército que juró defenderlas durante una ceremonia en Iguala el 2 de marzo de 1821.
Lo propuesto en ese documento fue una jugada maestra que abrió las puertas a la consumación de la Independencia de México sin derramamiento de sangre, porque su aceptación fue prácticamente unánime.
Según la versión que conocemos, el primero de los 24 puntos del Plan de Iguala, antes de mencionar la independencia dice que la religión “es y será la católica, apostólica y romana, sin tolerancia de otra alguna”.
Por ello, a dos siglos de distancia y con motivo del bicentenario de aquel histórico momento, los obispos mexicanos emitieron este septiembre un extenso mensaje según el cual, la consumación es “una tarea permanente”.
Con esa garantía expuesta en Iguala y aprobada en aquel contexto histórico por todos, la Iglesia vio salvaguardados sus intereses como lo ha procurado siempre, incluso antes y después de las Leyes de Reforma y de la Guerra Cristera.
Ahora las buenas relaciones diplomáticas con México, quedaron a la vista en las ceremonias por los dos siglos de la consumación de la Independencia.
Por ello es importante en la actualidad conocer sus apreciaciones, ya que aquellos documentos iturbidistas que fueron aprobados respectivamente por Vicente Guerreo en Iguala y por Juan O’Donojú en Córdoba, incorporaron tanto los anhelos independentistas y el reconocimiento de la igualdad de derechos para españoles, criollos, mestizos, indígenas y de origen africano, como la entonces necesaria defensa de una sola religión.
Los obispos recordaron en su mensaje de este año que ya en 2010 habían propuesto “una valoración de la Independencia y de sus insignes iniciadores”: Hidalgo, Morelos, Matamoros y Cos, entre otros.
También reconocieron que “en la vorágine de la violencia y del odio de aquellos años, en los excesos de las partes contendientes, es difícil que alguien quedara libre de pecado” y que con la prolongación de la guerra iniciada por el cura Hidalgo, se produjo la “sed ardiente de una paz justa que vio realizable en las Tres Garantías”.
Y como los documentos en que se basó la consumación de la Independencia proclamaban una monarquía, en su declaración los prelados sostienen que esa forma de gobierno “no coincidía con la más acabada propuesta de la insurgencia”.
Que era la de una república parlamentarista expresada en la Constitución de Apatzingán, mientras que “el proyecto trigarante ponderaba la diversidad de regiones políticas en el inmenso territorio, así como la necesidad de un ejecutivo fuerte y estable para concentrar los esfuerzos en la búsqueda más eficiente del bien común”.
Dicen también que, aun cuando “no prosperó esta forma de gobierno” -la monárquica-, “a fin de cuentas varios de esos valores de alguna manera aparecen en la forma federal y presidencialista de la Constitución republicana de 1824, y aún en la actual” de 1917.
Y que la “relativa facilidad y rapidez” con que se llevó a cabo el programa político y social -siete escasos meses- planteado por Agustín de Iturbide, se debió a que reiteró “la salvaguarda de la religión proclamada desde Hidalgo”.
Reconoció y sumó tanto el legado insurgente como el constitucionalismo moderno, “particularmente el hispánico”, y por ello fue apoyado por “la variopinta sociedad de entonces: indígenas, criollos, castas y peninsulares; eclesiásticos y militares, comerciantes y funcionarios; ciudades, villas y pueblos; letrados y universitarios, corporaciones y gobernantes”.
Y nadie se vería en riesgo de perder sus vidas y haciendas.
Recuerdan los jerarcas católicos que el autor de este proyecto fue el militar criollo Agustín de Iturbide, “personaje cuestionado posteriormente por la historiografía republicana” pero que tuvo el apoyo inicial de un mulato (Vicente Guerreo), un indígena (Pedro Asencio) –insurgentes ambos– y un español (Juan O’Donojú).
Los cuatro simbolizaron “la unidad propuesta y deseada por este modo de ser libres que no hizo ninguna diferencia entre los habitantes del nuevo Estado por razón de su origen racial o geográfico, y a quienes prometió la igualdad civil desconocida en el texto constitucional español”.
Pero -dice el mensaje emitido a principios de septiembre- “sería injusto” limitar a ellos el reconocimiento, pues fueron muchos más, de uno y otro bando, incluso españoles, quienes “se sumaron con entusiasmo al proyecto de Iguala” y “merecen la gratitud de todos los mexicanos de hoy y de siempre”.
A su parecer también, la Consumación entonces “ha de entenderse más como una obra colectiva del pueblo mexicano en búsqueda de su independencia, de su unidad, de su igualdad, de su constitución y de la paz, que como resultado de una acción individual”.
Con sustento en diversas fuentes consultadas para emitir su mensaje y citadas en éste, los obispos señalaron que, si bien el movimiento insurgente fue considerado sedicioso y rechazado por el papa Pío VII en 1816, fue porque la información que recibía pasaba “por el filtro de la Corona española, la cual impedía la comunicación directa de los caudillos con las autoridades romanas”.
Así, el reconocimiento papal de la independencia “se vio mediatizado por las presiones constantes de Fernando VII en el marco de la llamada Santa Alianza”, pero “felizmente se otorgó en diciembre de 1836”.
Un aspecto importante de la posición actual de los obispos, es su aceptación de que “no se puede mantener ya el (color) blanco de nuestra bandera como símbolo de una única religión que deba ser preservada por el poder político”, sobre todo porque el Concilio Vaticano II proclamó la libertad religiosa y desde entonces “la Iglesia católica defiende y promueve dicha libertad como una de las más caras al hombre de nuestro tiempo”.
Ahora, sostienen, nos corresponde ratificar “nuestro modo de ser republicano y federal alcanzado en 1824, y significando con el blanco de nuestra bandera precisamente la libertad religiosa, ya que nada ni nadie puede desconocer el carácter profundamente religioso que aún define a nuestra sociedad”.
También proponen corregir y enriquecer el significado original del rojo de la bandera “mediante una unión que no signifique uniformidad, sino convivencia fraternal en la diversidad; en el respeto de nuestras diferencias y particulares modos de entender lo social, lo político y lo religioso”.
Esto es, “defender la unidad dentro de una vida plenamente democrática y plural, donde los más altos valores del espíritu y todos los derechos fundados en la naturaleza humana sean reconocidos y eficazmente salvaguardados por el poder político y por todos y cada uno de los habitantes del Estado, así como por los fieles de todas las asociaciones religiosas”.
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