El huachicoleo y el huachigas, es uno de los grandes males que se viven en Puebla. El falso argumento de que, por tratarse de un delito federal, las autoridades municipales no deben participar en el combate del huachicol y el huachigas, tiene que traducirse como una omisión monumental o hasta una manifiesta complicidad criminal.
En estos ilícitos siempre se cometen en paralelo otros más, que tienen que ver con las facultades del tercer nivel de gobierno: el Ayuntamiento.
Y es que para que tome forma este delito, se configura la invasión de predios, como en el caso de San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar de Puebla capital. Cohecho posible de funcionarios y policías.
Casi siempre también otras modalidades de robo están en esos contextos: cilindros de gas, bidones, pipas, otros vehículos y un largo etcétera. Todos esos son delitos del fuero común que sí competen a la autoridad municipal, que están en torno al huachicol y al huachigas.
La víctima del hurto no es solamente Petróleos Mexicanos (Pemex). Suponerlo delata supina ignorancia de quien lo argumente.
Dando, sin embargo, por válido ese falso argumento, lo inexcusable y que les corresponde a los presidentes municipales y alcaldesas es denunciar, por supuesto, cuando conocen de una toma clandestina.
Ni siquiera se trata de que lo prueben. No son Ministerio Público ni Fiscalía. La sospecha basta para dar parte a la Fiscalía General de la República (FGR), para solicitar la intervención de la Guardia Nacional. Eso sí deben hacer, sin pretextos, los presidentes municipales, incluso, algunos ciudadanos tienen más valor y más valores, pues hacen las denuncias y hay que cuidar su anonimato.
La cacería de huachicoleros y huachigaseros, que tiene intensidad, luego de las explosiones de Xochimehuacan, competen a muchos.
Es por ello que sea tan falso y cobarde ese argumento de que el anterior gobierno municipal no intervino porque “se trata de un tema federal”. Incluso la ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco se tropieza con ese propio dicho, al querer involucrar al gobierno del estado.
Si atendemos a su excusa, de que a ella no le correspondía por ser “federal”, pues tampoco entonces a las autoridades estatales.
Sin embargo, las autoridades del estado y del ayuntamiento fueron de las primeras de estar la madrugada del domingo en Xochimehuacan.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta el primero en asegurar que no habrá impunidad, que todo se va a investigar.
La actual administración capitalina de Eduardo Rivera Pérez ha ya dado parte a la FGR.
Qué fácil es, en Twitter, desde una playa, señalar que todo está mal.
La cacería contra los huachigaseros se realizó en días pasados en Viveros del Valle. Faltan revisión y cateos en Xonacatepec.
Se tiene registro que de 2019 a la fecha, 40 por ciento se han reducido las tomas clandestinas. No se trata de echar culpas, sino de actuar, es lo que nunca entendió administración vivanquista.
Siempre se escudó y se victimizó en el ominoso “a mí no me toca”. En el cobarde “a mí no me corresponde”.
Hasta el momento, se sabe que una vida se perdió y otras están en vilo, por el caso Xochimehuacan.
La tragedia es monumental, pues se tienen contabilizadas alrededor de 60 familias que lo perdieron todo.
Son de las personas más pobres de esta ciudad.
Ahora sí hay responsabilidades fuertes.
A ver si el argumento de la violencia política de género les va a servir de algo.