· El decreto, a dos años de su publicación, no consideró su impacto en el precio de los alimentos
· Prohibir uso de agroquímicos, como glifosato, reducirá el rendimiento de cultivos como el trigo y no hay todavía alternativas que lo sustituyan
· Absurda la prohibición de importar maíz transgénico cuando el gobierno ya la autorizó para el maíz blanco el año pasado
· Prohibir la importación de maíz amarillo transgénico aumentaría el precio del maíz en 48% y en más de 1 500 productos en al menos 60 industrias agroalimentarias
El decreto que prohíbe la importación de maíz amarillo transgénico y el uso del glifosato, publicado el 31 de diciembre del 2020 y que da como plazo el 31 de enero del 2024 para que dichas prohibiciones entren en vigor, causará un aumento en el precio de los alimentos, coincidieron los presidentes de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, AOASS, Álvaro Bours Cabrera, de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, CAADES, Marte Vega Román y de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, UMFFAAC, Luis Eduardo González Cepeda.
El presidente de la AOASS, Álvaro Bours dijo que “el decreto, a dos años de su publicación, no consideró su impacto en el precio de los alimentos, porque prohibir el uso de agroquímicos, como el glifosato, limita la labranza mínima de conservación en la agricultura, aumenta costos de producción y reducirá el rendimiento de cultivos como el trigo y aún no hay todavía alternativas que lo sustituyan.”
Y añadió que “el Conacyt lleva dos años buscando algo que no va a encontrar, porque no tiene los recursos, ni la capacidad para hacerlo por las enormes inversiones que se requieren para que la investigación científica encuentre la sustitución de agroquímicos eficaces y accesibles en el mercado”.
Bours Cabrera pidió al gobierno que “las decisiones en materia agropecuaria estén respaldadas por evidencia científica para evitar que se afecte la producción nacional y los precios de los alimentos, pues en el contexto internacional de la agricultura hoy en día, los mercados son muy sensibles y volátiles y están aumentando riesgos que puedan llevar a la bancarrota a los agricultores nacionales”.
Por su parte, el presidente de CAADES, Marte Vega Román, dijo que es “absurda la prohibición de importar maíz transgénico cuando el gobierno autorizó el año pasado la compra de maíz blanco transgénico de Sudáfrica, el que se utiliza para consumo humano y del que el país es autosuficiente. Esa decisión afecta a los productores que pueden comercializar sus excedentes y que ahora ni eso pueden hacer con la imposición del arancel del 50% a las exportaciones de maíz blanco.”
Y añadió que “el gobierno no está reconociendo la realidad del campo mexicano, pues el país no está en condiciones para producir el maíz para uso pecuario que actualmente se importa. Se necesitarían sembrar al menos 4 millones de hectáreas adicionales, y una política eficaz que promueva la productividad, para empezar a romper la dependencia de las importaciones de maíz de Estados Unidos”.
Por su parte, el presidente de la UMFFAAC dijo que “si persisten en aplicar el decreto será inevitable que escale el precio de los alimentos como lo han estimado consultorías especializadas en mercados agrícolas, y asociaciones de productores. Solo prohibir la importación de maíz amarillo transgénico aumentaría el precio del maíz en 48% y en más de 1 500 productos en al menos 60 industrias agroalimentarias”. “
Y añadió que “el maíz amarillo se utiliza principalmente en el sector pecuario como alimento para ganado bovino, porcino y aves de modo que cualquier aumento en su precio encarecería el precio de la leche, carne de res, puerco, huevo y pollo, alimentos básicos y que ya no serían accesibles a millones de mexicanos. Solo el año pasado tuvimos una inflación de 12.85% en el precio de los alimentos, la más alta desde 1998.”
Finalmente, los directivos de la AOASS, CAADES y UMFFAAC coincidieron en que el medio más eficaz para controlar la inflación del precio de los alimentos y la economía de los más de 5 millones de pequeños y medianos productores agrícolas es con una política integral que fomente la modernización del campo mexicano, basada en decisiones y estudios científicos.