Victor de Regil
Lamentablemente, un par de eventos delictivos ocurridos en Puebla, el asesinato de un propietario de pollerías en la Central de Abasto y el ataque a balazos e incendio por parte de un comando al table dance Lacoss, que dejó un saldo de cinco muertos, obligan a prender todas las alarmas en torno a un delito que no sólo ha crecido exponencialmente en el estado, sino que incluso, por desgracia, empieza a normalizarse: la extorsión y el cobro de piso.
Y es que si bien en el caso Lacoss una de las líneas de investigación podría llevar a un ajuste de cuentas entre bandas de narcomenudistas, la mecánica de los hechos indica que muy probablemente hubo amenazas previas relacionadas con algún tipo de coerción a los propietarios de ese centro nocturno, muy popular al igual que otros como El Madeleine y El Porkys.
Ya será tarea de la Fiscalía esclarecer los hechos y el móvil del violento atentado; sin embargo, ya no se puede tapar el sol con un dedo ante el fenómeno de la extorsión, un ilícito practicado por muchas autoridades, pero sobre todo por bandas del crimen organizado.
Pero el problema ya es grave y se ha extendido, especialmente, a varios mercados y zonas comerciales. Recientemente, se detectaron casos de cobro de piso en mercados de Huejotzingo, San Pedro Cholula y San Martín Texmelucan, donde los comerciantes son amenazados para exigirles pagos a cambio de permitirles trabajar.
Se sabe que los extorsionadores dicen ser miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y exigen dinero en efectivo a los comerciantes. También se han reportado casos de mujeres que lideran redes de extorsión y cobran piso a nombre del CJNG.Suelen llegar en vehículos sin placas y amenazan a los locatarios con dañar sus locales o familias si no pagan.
Se tiene registrado que de 2019 a 2025 se han dado en Puebla mil 80 víctimas de este delito, que no sólo alcanza a comerciantes, sino también a empresarios. Tan delicado está el tema que esta misma semana la Coparmex compartió con sus socios un posicionamiento, que en el fondo es un severo reclamo a las autoridades de todos los niveles para frenar la extorsión y el cobro de piso.
El pronunciamiento señala: “México enfrenta un gran desafío. Cada semana, cada día, hay hechos dolorosos que nos confirman que vivimos en un país donde la violencia cotidiana crece, donde la extorsión estrangula economías locales, donde la impunidad alimenta el enojo social, y donde la ausencia del Estado abre espacios que jamás debieron perderse. “Actualmente levantan la voz jóvenes, médicos, enfermeras, trabajadores del Poder Judicial, transportistas, agricultores, universitarios. Voces distintas, que demuestran un país cansado de vivir con miedo, cansado de la incertidumbre, cansado de la falta de respuestas. “Detrás de ese enojo están una multiplicidad de delitos, pero sin duda especialmente graves los de extorsión y cobro de piso. Estas prácticas dejaron de ser marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos.
La Coparmex exige a los gobiernos una estrategia que no atienda sólo las emergencia, sino que vaya más a fondo para combatir lo que en realidad alienta este delito: la impunidad.
Y que en México sale barato, o gratis, extorsionar o cobrar piso. No hay castigo para el delincuente. Y pobre de aquel comerciante o empresarios que se niega, pues es casi un pasaporte a la muerte.
Urge que el Senado de la República asuma la parte que le toca y de inmediato dictamine la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, ya aprobada en la Cámara de Diputados.
Esta ley es fundamental para homologar criterios, fortalecer fiscalías y cerrar los espacios a los extorsionadores.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPC), por su parte, ha advertido que la extorsión es ya un factor alarmante.
A través de un comunicado, señaló que “para miles de pequeños comercios, el cobro de piso ya no es un riesgo aislado, sino un costo de operación que se ha normalizado a la fuerza, encareciendo mercancías, afectando la estabilidad de los negocios y debilitando su capacidad de competir. Esta carga adicional termina inevitablemente trasladándose al consumidor final”.
En Puebla, como dio a conocer el titular de la SSP, vicealmirante Francisco Sánchez González, de julio a octubre de 2025 se han registrado 3 mil 179 llamadas de extorsión.