¿Hasta cuándo?, es la pregunta que se hacen las mujeres que viven en este infierno llamado México, país en donde te matan por el hecho de ser mujer, con una probabilidad del 5 por ciento de encontrar justicia.
Y es que, en medio de muchos datos, versiones y explicaciones que deben darse y que se están conociendo en torno a la ejecución directa de la activista y penalista, defensora de muchas causas femeninas, Cecilia Monzón Pérez, una luz de esperanza en este camino hacia la justicia para ella y muchas otras mujeres asesinadas, es que el Estado Mexicano en su conjunto, a través de su representantes, no haya minimizado el crimen, ni regateado los esfuerzos para castigar a los asesinos, materiales e intelectuales. La condena vino desde la presidencia de la república hasta Casa Aguayo.
En este caso, el dato más relevante que informaron un par de días después del asesinato, las autoridades federales, es que “hay material importante de identificación” de los homicidas de quien fue candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por parte del Partido Verde Ecologista.
Lo dijo en Palacio Nacional, al lado del Presidente de la República, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja. El funcionario federal destacó la coordinación con las autoridades estatales para este y todos los casos.
Raro en él, que todo lo trivializa, pero Andrés Manuel López Obrador también condenó el crimen y envió condolencias a los familiares. Confirmó que se trató de un ataque de sicarios, un ataque directo.
Desde el día del terrible evento en que arrebataron la vida a Cecilia Monzón, el gobierno del estado, en manos de Miguel Barbosa, expresó sus condolencias y se comprometió al esclarecimiento de los hechos. “El gobierno del estado de Puebla condena el asesinato de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido el día 21 de mayo en la jurisdicción del municipio de San Pedro Cholula, y se compromete frente a la sociedad al esclarecimiento de los hechos, determinación de los responsables materiales e intelectuales, así como de las causas que motivaron este homicidio”, expresó en un comunicado oficial.
Muy genuinas protestas, reclamaciones dolorosas y llenas de tristeza ocurrieron el día siguiente frente a la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE). Hay la versión de que Cecilia Monzón había solicitado protección. La FGE deberá aclararlo.
Mantenía complicados litigios profesionales y uno personal por la alimentación de su menor hijo; era aguerrida y combativa. No se sabe a ciencia cierta, pero seguramente tocó o afectó algún interés que movió a los autores materiales e intelectuales de su crimen, pues está más que descartado el asalto.
Lo cierto es que su cobarde asesinato está generando mucho miedo en todos y todas en Puebla.
Pareciera que ese era también el objetivo de los sicarios que dispararon cada una de las seis balas que le quitaron la vida: Infundir miedo, ese miedo que paraliza y que no nos deja vivir en paz en este país.
Junto con la tragedia familiar, de una mujer que ya no verá a su hijo de tres años crecer, que ya no estará con los suyos, está la tragedia como sociedad que esto representa.
El caso, anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta, será investigado como feminicidio. “Se va a investigar con perspectiva de género y para nosotros es un feminicidio, no crean que tenemos duda de calificarlo así y lo estamos investigando así (…) “Estamos en contacto con la federación para tener los mejores resultados, lo más pronto posible”, dijo en su conferencia de prensa.
Las amigas, familiares, colegas y compañeras de lucha de Monzón han venido ofreciendo posibles líneas de investigación. Todas se deben atender. Ninguna sobra. Lo importante es que haya justicia en este crimen.
Desgraciadamente, ha habido además burdos intentos de utilizar la memoria de la abogada para intereses perversos. Muy bajo.
La justicia debe llegar por ella, por su familia y por todas y cada una de las víctimas de feminicidio.
Esto no puede, no debe volver a pasar.