*La reciente reforma a la LFPIORPI fortalece el marco normativo para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: Espinoza Moreno
La reciente iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) presentada por el senador Javier Corral Jurado es un paso fundamental para fortalecer el marco normativo en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dio a conocer Sandra Berenice Espinoza Moreno, coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP).
En rueda de prensa, dijo que esta modificación busca alinear la legislación mexicana con estándares internacionales garantizando una supervisión más efectiva sobre actividades financieras de alto riesgo y minimizando el riesgo de sanciones internacionales para el país
La reforma introduce modificaciones clave en la LFPIORPI entre las que destacan la ampliación de definiciones legales incorporando organizaciones de la sociedad civil partidos políticos y sindicatos dentro del marco regulatorio así como la aclaración de las atribuciones del Beneficiario Controlador estableciendo que solo puede ser una persona física.
En su oportunidad, Darío Zamorano Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Bienio 2025-2026 explicó que también se precisa la supervisión de las Personas Políticamente Expuestas con una definición más específica para reforzar su control y se establece el nivel de riesgo que ciertas actividades pueden representar en operaciones ilícitas.
La ley amplía el alcance de actividades vulnerables al incluir desarrolladores inmobiliarios operaciones con criptomonedas y fideicomisos financieros no tradicionales bajo un régimen de supervisión más estricto También se refuerzan las obligaciones de control en notarías y fideicomisos así como la supervisión del sector aduanero y el uso de activos virtuales
Nuevas medidas de supervisión y sanciones
Entre las modificaciones más relevantes en el esquema de supervisión, explicó Espinoza Moreno, destacan las facultades para la Guardia Nacional que sustituye a la extinta Policía Federal en la detección y combate de delitos financieros, la modificación de los umbrales de aviso con ajustes en los montos reportables en sectores clave como el inmobiliario y el traslado de valores.
De la misma manera, la exigencia de mayor documentación sobre clientes y operaciones financieras para la identificación del Beneficiario Controlador.
También se crea el Capítulo IV Bis que establece un sistema electrónico obligatorio para el registro de beneficiarios finales en sociedades mercantiles y se endurecen las sanciones aumentando las multas por omisión de reportes obligatorios y fortaleciendo medidas de protección para oficiales de cumplimiento.
Zamorano Mendoza, señaló que para facilitar la adaptación a esta nueva normativa la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del CCPEP ofrece asesoría especializada, por lo que contar con información clara y con el acompañamiento de expertos será clave para enfrentar con éxito este nuevo entorno regulatorio.