Victor de Regil
Las consignas frente a las clínicas y sedes sindicales del estado de Puebla no es un evento aislado, sino el eco de una realidad innegable: el IMSS en la Puebla, como en todo el país, atraviesa su crisis más profunda y peligrosa en décadas. Médicos laborando con las manos vacías» camillas improvisadas en los pasillos de los grandes complejos, pacientes psiquiátricos forzados a recibir altas prematuras para maquillar las estadísticas presupuestales, y una base trabajadora que ha roto el silencio institucional marcan el pulso de un colapso generalizado.
Lo que inició como quejas silenciosas dentro de los quirófanos se ha convertido hoy en una revuelta abierta. En los últimos días, la capital poblana ha sido escenario de dos multitudinarias marchas de trabajadores de la salud y de la instalación de un plantón permanente en las oficinas de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. La base trabajadora acusa un abandono sistémico que ya no solo vulnera sus derechos laborales, sino que pone diariamente en riesgo la vida de miles de derechohabientes poblanos.
La principal demanda del personal médico que hoy mantiene tomadas las sedes administrativas no es únicamente salarial; es la falta extrema de insumos críticos para la operación básica de los nosocomios. En clínicas y hospitales del IMSS ordinario y del esquema IMSS-Bienestar, las denuncias apuntan a un desabasto crónico que va desde medicamentos de alta especialidad hasta los materiales más elementales para la higiene y curación.
Esta falta de insumos ha provocado el diferimiento sistemático de cirugías programadas y tratamientos oncológicos, forzando a los familiares de los pacientes a costear de su propio bolsillo suturas, soluciones salinas y medicamentos esenciales en farmacias particulares.
El mapa hospitalario de Puebla capital refleja una infraestructura rebasada por el crecimiento de la población derechohabiente. Tras el sismo de 2017 que destruyó el Hospital «San Alejandro», el Hospital de «La Margarita» absorbió una carga desmedida de pacientes, convirtiéndose en el epicentro de las quejas por hacinamiento y fallas técnicas.
A pesar de que a finales de 2025 el gobierno federal reabrió las nuevas instalaciones de San Alejandro y trasladó la Consulta Externa de Especialidades para desahogar la saturación, el problema estructural persiste. Reportes del gremio médico detallan que el estado cuenta actualmente con apenas 0.5 camas hospitalarias por cada mil derechohabientes, una cifra alejada del estándar internacional. Las consecuencias directas de este déficit se traducen en pacientes internados sobre el suelo, pasillos bloqueados por camillas improvisadas y un grave deterioro sanitario agravado por plagas urbanas y constantes averías en los elevadores.
La consulta para la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo encendió de forma definitiva la mecha laboral. El sindicato nacional y la dirección general del IMSS pactaron un incremento global del 6.8% (2.9% directo al salario tabular y 3.9% en prestaciones), propuesta que fue calificada como «una burla e indigna» por las bases poblanas frente a los niveles actuales de inflación.
Además, el descontento en Puebla ha tomado un matiz político severo: la base trabajadora exige abiertamente la destitución de sus líderes nacionales y locales, acusando a la dirigencia encabezada por Rafael Olivos de actuar en complicidad con las autoridades administrativas para invisibilizar la crisis.
La debacle en Puebla se enmarca dentro de un colapso financiero a nivel nacional. De acuerdo con los informes actuariales del propio instituto, el Seguro de Enfermedades y Maternidad arrastra un déficit histórico estimado en 175,585 millones de pesos, una presión insostenible alimentada por la transición epidemiológica de padecimientos crónicos y la fragmentación operativa causada por la incorporación acelerada de millones de beneficiarios al esquema de gratuidad del IMSS-Bienestar.
Mientras el director general del instituto, Zoé Robledo, anunció una polémica «consulta nacional» para preguntar formalmente a los trabajadores si existe desabasto, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sostenido que no existe un «colapso estructural» en el sistema de salud. Si bien el Ejecutivo Federal atribuye el tono de las manifestaciones a campañas políticas de la oposición, el gobierno ha tenido que activar giras urgentes de supervisión en 24 estados del país para intentar frenar el descontento y auditar la alarmante falta de medicamentos.
En Puebla la narrativa oficial choca con la realidad de las salas de espera. Los trabajadores del sector salud advierten que, si la consulta sindical no favorece sus demandas de insumos y salarios dignos, el siguiente paso será la convocatoria a un paro nacional de labores.