Recientemente, el presidente López Obrador explicó las líneas que contendrá su propuesta de reforma constitucional en materia electoral. Además de la elección directa de consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, que había comentado hace un par de días, también dio a conocer que buscará eliminar, o al menos reducir, el número de diputados plurinominales. Este hecho puede cambiar de manera muy importante el balance político nacional.
Y es que, si en la Cámara que hoy está en funcionamiento se hubiera elegido exclusivamente a los diputados de mayoría relativa, Morena y sus aliados tendrían 62 por ciento de los legisladores. En contraste, considerando a los plurinominales, ese porcentaje hoy está en 55.4 por ciento.
Recordemos que el sentido de la existencia de los diputados plurinominales es generar una representatividad más fiel de la composición política nacional. De no existir tales legisladores, una fuerza política como la de Morena y sus aliados, que obtuvieron en conjunto 44.3 por ciento de los votos en las elecciones del año pasado, podría llegar a tener hasta 18 puntos adicionales en su representación en el Congreso.
Para Morena, esa posibilidad permitiría que aun con un resultado como el del año pasado tuviera el control del Congreso.
Esto nos dice que el objetivo de la reforma en materia de diputados plurinominales es aumentar las posibilidades de que Morena continúe como el partido mayoritario entre los diputados.
Adicionalmente, el presidente López Obrador señaló que propondrá una reducción del financiamiento para los partidos políticos, así como para el INE.
La única manera de conseguirlo en este segundo caso es reduciendo las capacidades de fiscalización del Instituto y quitándole responsabilidades como la de la emisión de la credencial electoral.
Seguramente, la promoción que se hará de esta reforma señalará que con bajar los sueldos de los altos funcionarios del INE será suficiente para tener una autoridad electoral que cueste menos a los ciudadanos.
En el caso de los partidos políticos, igualmente, el objetivo será que aquellos que hoy están más débiles financieramente continúen en esa condición, dando oportunidad para que el partido en el poder, que de modo natural tiene mayor respaldo de las propias instituciones públicas, tenga más posibilidades de resultar triunfante en los próximos comicios.
Hay quien piensa que esta propuesta es meramente un distractor, ya que será muy difícil que cuente con los votos suficientes para pasar.
Lo segundo es cierto. Los partidos opositores se opondrán a estas propuestas de modo generalizado.
Sin embargo, parece que es más que un distractor.
Se trata nuevamente de una estrategia para desacreditar al INE y eventualmente debilitarlo.
Dentro de un año habrá la sustitución de cuatro integrantes del Consejo General del Instituto, entre ellos su presidente Lorenzo Córdova.
Si el INE llega debilitado a ese momento, los márgenes de Morena para influir en la selección serán mucho mayores. De esos nombramientos surgirá el Instituto que habrá de organizar las elecciones de 2024.
Lo que es visible es que el gobierno de López Obrador no quiere un INE que sea imparcial y bien acreditado, y que por lo tanto, limite las posibilidades de hacer trampas o de usar recursos prohibidos por la ley para promover a los candidatos de Morena y sus partidos aliados.
Un INE y un Tribunal Electoral fuertes e independientes, son para Morena una amenaza tan grande como un candidato opositor respaldado por los partidos del bloque de contención y del Movimiento Ciudadano.
Y, a todo esto. ¿Quién puede ser el personaje que encabece a la oposición? Sin él, todo lo demás es ocioso.