José Antonio López Sosa
Tras la aprehensión del ex procurador Jesús Murillo Karam, oficialmente se termina de derrumbar la supuesta verdad histórica que la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto argumentó con relación a los trágicos hechos de Ayotzinapa.
Desde el “ya me cansé«, hasta el desdén del propio procurador por el caso, mostraron una clara voluntad de cerrarlo sin implicaciones para cualquier ente federal en aquel entonces, las acusaciones recayeron en las autoridades estatales y municipales (que por supuesto tienen responsabilidad de acuerdo a los peritajes).
Que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga las líneas de investigación abierta contra Murillo Karam es un hecho de justicia histórica, sí, pero ¿se atreverán a hacer lo mismo con los mandos militares implicados en aquella noche de Ayotzinapa?. La administración federal actual se ha caracterizado por proteger a la milicia (léase caso Cienfuegos) e incluso ampliar sus tareas y facultades fuera de los carteles, así que hay una clara protección del gobierno federal al ejército y marina.
La FGR es supuestamente un ente autónomo y no depende del presidente de la república, este caso será una prueba para saber si esto es cierto en la práxis o solo en el discurso, lo podremos observar cuando los militares implicados en el caso Ayotzinapa sean investigados e incluso aprehendidos tal como Jesús Murillo Karam.
OTRO COLEGA MÁS
Fredid Román, editor del medio ‘La Realidad’ fue asesinado en Chilpancigo, Guerrero, un colega periodista más que es asesinado en México.
Más allá de los partidos políticos, las ideologías, los modelos económicos y políticos, la vida de los periodistas no es importante para las administraciones federales ni estatales. Siguen impunemente asesinando colegas sin consecuencias y sin una impartición clara de justicia, mientras el discurso oficial habla de libertades en materia periodística, así de irónico.