
Jorge Marcelino Alejo
Ya transcurrió una década desde que la concesión del agua potable es operada por la empresa Agua de Puebla. Pero también, no cesa la lucha por desprivatizar el servicio.
Y todo parece indicar que las futuras generaciones de poblanas y poblanos vivirán la misma situación, porque desde la perspectiva del gobernador Alejandro Armenta, en las últimas semanas destacó que de retirarle la concesión se tendría que pagar a Agua de Puebla, una millonaria indemnización que dañaría al Erario Estatal. Ese desembolso sería con base en las perversas cláusulas que dieron paso a la concesión.
Pero suceden cosas que pudieran devolver el manejo del servicio del agua, al aparato gubernamental.
En días recientes el académico Román Sánchez Zamora, especializado en políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas –(incluso se le menciona como aspirante a la titularidad de la Auditoria Superior del Estado de Puebla)- llamó la atención al exigir auditoría integral a Agua de Puebla, con el fin de evaluar su compromiso con la sustentabilidad de cara a la sociedad.
Fue contundente en su demanda, porque al participar en el Foro de Análisis del Plan México y el Nuevo Reordenamiento Económico Global, sostuvo que si dicho Plan persigue -entre otros puntos- el crecimiento económico, no se puede hablar de éste propósito sin garantizar el cuidado de los recursos naturales.
Conocedor del tema, el doctor Román Sánchez precisó que la auditoria planteada para Agua de Puebla, es el primer paso para asegurar que las empresas cumplan con su deber social y ambiental, además, de acabar con malas prácticas y corrupción en torno al derecho del agua. Señaló también la revisión del reciclado del agua, como procedimiento para la posible revocación y sanción a Agua de Puebla.
Pues ahí está la petición, de una auditoría integral a la empresa concesionaria. Se aprecia que existen elementos para fincarla de manera correcta y no está demás que se realice.
Sin embargo, no se soslaya que la intención podría convertirse en uno más de los consabidos jaloneos, evasivas, promesas políticas incumplidas y otros subterfugios ocurridos a lo largo de un decenio; lo que sería lamentable porque se alejaría el deseo de tener el mejor servicio con agua de calidad, y por supuesto, sin abusos ni corruptelas en fijación y cobro de tarifas.
Si tiene eco una nueva auditoría como la proyecta el citado académico, se anticipará cuál será el futuro de Agua de Puebla, pues incluso habría constancias más evidentes para revertir la concesión.
Aunque también, de no haber sustento para ese propósito, al menos, se continuará mostrando al desnudo las componendas de Gobiernos pasados, que hicieron negocio con el agua, que se supone, es un derecho humano.
M E M O R A N D U M
GOLPE CON ARANCELES
Había cierto recelo de que el presidente Donald Trump no diera luz verde a la aplicación del 25 % más en aranceles, a exportaciones mexicanas. Pero lo hizo.
Y como quiera que sea, será inevitable el desequilibrio económico que se viene especialmente en empresas y el empleo enfocados al comercio internacional, tanto en Estados Unidos como en México. Además del golpe al poder adquisitivo de la economía familiar que estará presionada por la contracción al consumo.
En ese efecto el Gobierno mexicano, tampoco se librará del tambaleo económico, más cuando el esfuerzo se canaliza al fortalecimiento del mercado interno, creación de empleo con inversión pública, incrementos al salario mínimo, programas sociales, e incluso repercutirá al Plan México recientemente lanzado, pues sus ejes centrales son la inversión y el crecimiento económico.
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