FACETAS DE MÉXICO
Ocurrencia presidencial costaría al pueblo casi 4 mil millones de pesos
· A mitad de su gestión promueve una “ratificación” a todas luces irrelevante
Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo
La gran mayoría de la población mexicana, inscrita o no en el padrón electoral (en el supuesto de que por ley los menores de 18 años no votan hasta contar con su credencial del INE) está convencida de que la propuesta de “revocación de mandato” del presidente Andrés Manuel López Obrador, es absurda y fuera de contexto, por virtud de que ninguna Ley es retroactiva o anticipada en su aplicación. Esto, en razón de que no existe aún la respectiva Ley Reglamentaria para el efecto.
“Él, como candidato, fue electo presidente de México en 2018 para gobernar por un periodo de seis años, sin mencionar en ninguna boleta electoral, otra condición relacionada con la revocación”. Este es el sentir de millones de mexicanos.
La determinación emprendida por el propio presidente de México, de una “consulta sobre revocación de mandato”, primero fijada para el 21 de marzo de 2022, aunque puede ser fijada para días después, está fuera de la Ley.
Esto es, en el remoto caso de que se llegara a la revocación, su origen tendría que ser, primero, una exigencia acordada por el pueblo o de parte de un sector social numeroso, capaz de demostrar incumplimiento de obligaciones gubernamentales o incapacidad para atender demandas y planteamientos de la sociedad en su conjunto.
El costo para realizar la consulta asciende de acuerdo con El Instituto Nacional Electoral (INE) a casi 4 mil millones de pesos, dinero que solicitará a la Cámara de Diputados, con el único fin de realizar la consulta sobre revocación de mandato que propuso el presidente.
En la convocatoria para la candidatura del actual jefe del Poder Ejecutivo, para nada se advirtió o propuso que, al cumplir tres años de gobierno, habría un proceso de consulta a los electores, inscritos en un padrón que supera los 90 millones, sobre una posible “revocación de mandato”.
Asimismo, el proceso de creación de la Ley Reglamentaria para la Revocación de Mandato, como lo quiere el señor Presidente, implica el trabajo de muchas semanas de sesiones, consultas y acuerdos tanto del Pleno de la Cámara de Diputados como de Senadores, así como de Comisiones Especializadas y Congresos Estatales. Sólo pagarles a los legisladores del Congreso de la Unión sueldos y prestaciones, servicios de alimentación, personal de apoyo y logística, sería un auténtico dineral que el pueblo no tiene, pero sí saldrá de reducciones al presupuesto de otras actividades, que sí son prioritarias.
La Constitución señala con toda claridad que “la revocación es un derecho del ciudadano, a pedir una consulta para que la sociedad decida sacar al presidente en turno, porque ha perdido la confianza”. Estos conceptos están establecidos en la Constitución, valga repetir.
En las deliberaciones de los legisladores se ha señalado que, respecto de la pregunta que se haría a los electores con relación a la consulta sobre revocación de mandato, destacan los siguientes postulados:
La senadora Claudia Ruiz Massieu, del PRI, propone: “¿Estás de acuerdo con revocar el mandato de la persona titular de la Presidencia de la República por pérdida de confianza?”.
El senador Damián Zepeda, del PAN: “¿Está usted de acuerdo en que se revoque de manera anticipada el mandato del Presidente de la República? Lo anterior significa la terminación anticipada del cargo, por pérdida de confianza”. La propuesta del senador Ricardo Monreal va por el estilo, aunque decidió postergarla.
Este formato “no gustó en Palacio Nacional”. El deseo del presidente y de su equipo de trabajo, es que la ciudadanía refrende el poder presidencial, de manera que quedará pendiente, hasta la próxima legislatura en la Cámara de Diputados.
Cabe señalar que el periodo de Gobierno de seis años en el país, fue instituido en 1934, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río asumió la Presidencia de la República –antes era de cuatro años—dando por concluido el llamado “maximato” ejercido casi seis años por el ex presidente Plutarco Elías Calles. Esto ocurrió cuando terminó su mandato en 1928. (Antes, el periodo de gobierno era de cuatro años).
El licenciado Emilio Portes Gil continuó como Presidente de México en calidad de interino, de 1928 a 1930. Le siguió como Presidente Constitucional el general Pascual Ortiz Rubio, quien renunció al cargo en 1930. Lo sustituyó el general Abelardo L. Rodríguez, hasta 1934.
Cabe una anotación en el sentido de que, por una excepción, el periodo del actual gobierno será de 5 años y 10 meses, por haberse reformado la ley respectiva que dejaba hasta cinco meses un vacío desde la elección hasta la toma de posesión del candidato ganador.
Otra anotación es que, la consulta de revocación la solicitan quienes están genuinamente en contra de un gobierno. Si el presidente es el proponente, indica que quiere someter su popularidad al aplauso popular para vigorizar su mandato y liderazgo político para el futuro próximo. Finalmente, no se tiene una razón lógica para su proceder.
Lo que deseamos los mexicanos es que el presidente de México gobierne efectivamente y no distraiga tres meses de su tiempo en una campaña que no conduce a ninguna parte.
Analistas políticos indican que, en este marco, es necesario considerar la dificultad de que se obtenga el 40 por ciento de participación de los electores, que serían alrededor de 40 millones de personas con credencial de elector.
Esto, definitivamente, es una pérdida de tiempo que implica riesgos, como la inestabilidad política y económica de México. Un país no puede gobernarse por caprichos del presidente en turno. Cuesta muchos recursos económicos y empobrece a la población, con el añadido de que estamos en un periodo sanitario complicado, con una pandemia de Coronavirus, que no acaba de retirarse por circunstancias de descuido y falta de profesionalismo de las autoridades sanitarias y de otras dependencias del gobierno.