Por Teodoro Rentería Arróyave
Con toda razón, y razón es la facultad de pensar y reflexionar, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, decidieron nuevamente cumplir con la Constitución, recientemente reformada, al ordenar el trámite correspondiente para integrar el Comité de Evaluación de la Suprema Corte, rumbo a la elección de juzgadores tras la reforma judicial.
Seguramente tomaron en cuenta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF; dio verde al Instituto Nacional Electoral, INE, para continuar con el proceso de la elección de jueces, magistrados y ministros, porque declararon que “Suspenderlo sería contrario al orden público”.
También probablemente, porque la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial Federal de México, JUFED., decidieron levantar el paro hoy 28 de octubre, que inició el 21 de agosto, tras una notificación del Consejo de la Judicatura Federal, CJF, que ordenaba reiniciar labores el jueves anterior. Se informa que por mayoría de votos de las personas juzgadoras se decidió reanudar labores jurisdiccionales y ordenó el regreso a las actividades en los juzgados y tribunales federales de manera normal y la aplicación de descuentos a los trabajadores que no cumplan, Desde luego esperemos que cumplan.
El costo del paro durante los 67 días sin labores en los juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación, oficial, se perdieron cerca de 12 mil 650 millones 565, 738 pesos del erario público.
Las ministras designadas, volviendo al tema que nos ocupa, han propuesto a cinco personas para integrar el Comité de Evaluación de Juzgadores de la Corte para así continuar con el proceso de elección de juzgadores tras la reforma judicial.
Dicho Comité será el encargado de evaluar y preseleccionar a las y los candidatos que, en última instancia, participarán en la elección judicial de 2025. La oferta está dirigida a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.
Las personas propuestas para integrar este órgano auxiliar “que es determinante para calificar la idoneidad de las personas elegibles”, son las siguientes con una memoranda muy sintetizada:
María Leoba Castañeda Rivas. Doctora en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; en 2007 se actualizó en la materia de Responsabilidad Civil en la Universidad de Castilla La Mancha, en Toledo, España. Desde 1985, es profesora en la Facultad de Derecho. Cuenta con una antigüedad de 38 años como académica de la máxima casa de estudios.
Ruth Villanueva Castilleja. Doctora en Derecho por la UNAM; maestra en Educación Familiar y Desarrollo Humano; especialista en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores y en Prevención del Delito; especialista certificada en Derechos de la Niñez por el Instituto Interamericano del Niño de la OEA. Ha sido reconocida como Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Silvia Gabriela Ortiz Rascón. Licenciada por la Escuela Libre de Derecho, quien recibió mención especial por el jurado examinador de su tesis y realizó un posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid; en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fungió como secretaria de Estudio y Cuenta, En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como secretaria general de Acuerdos.
Raúl Plascencia Villanueva. Es licenciado en Derecho con especialidad en Ciencias Penales por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California; maestro en Derecho por la UNAM; doctor en Derecho con mención honorífica. Actualmente es miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Association Internationale de Droit Pénal e investigador miembro del Sistema Nacional de Investigadores.